Hoy celebramos una de las fechas más importantes del calendario: el Día del Trabajador. Si nos guiamos por el espíritu que dio origen a esta jornada, sin duda vale la pena conmemorarlo. Nadie en su sano juicio puede negar que los derechos laborales y las condiciones de trabajo justas, seguras y equitativas son principios que merecen defensa permanente.
Pero para millones de bolivianos, esta defensa suena vacía. ¿Cómo hablar de derechos cuando cerca del 80% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad y apenas sobrevive con ingresos de subsistencia? ¿Cómo hablar de beneficios, seguro médico o jubilaciones dignas si ni siquiera hay acceso a empleos estables y formales? La mayoría carece de formación profesional o técnica, y tampoco cuenta con habilidades que le permitan aspirar a mejores oportunidades. Hay muy poca movilidad laboral. No existen trayectorias de ascenso. No hay futuro visible.
La precariedad laboral en Bolivia no es nueva, pero lo más preocupante es que se ha profundizado en pleno siglo XXI, paradójicamente como resultado de políticas populistas promovidas por quienes dicen defender al trabajador.
Si al menos los gobiernos reconocieran que las pocas fuentes de empleo digno provienen del sector privado —incluidas pequeñas y medianas empresas que, a pesar de todo, intentan crecer y generar estabilidad—, podrían comenzar a construir una visión más realista. Este sector formal, que representa apenas el 20% de la economía, sostiene al país y, sin embargo, es tratado con recelo. Se lo estigmatiza como explotador. Se le imponen cargas desproporcionadas, como si sus recursos fueran infinitos y estuvieran desconectados de la productividad y del mercado.
Los gobernantes populistas actúan como si todavía viviéramos en la época de las fábricas de Chicago de 1886, cuyas luchas inspiraron este día. Pero esas condiciones son hoy excepcionales. Ya no se trabaja 18 horas en galpones asfixiantes, salvo en maquilas que, paradójicamente, se convierten en refugio desesperado para migrantes expulsados por la falta de oportunidades en sus propios países.
Hoy, las empresas más competitivas operan con otros paradigmas. Saben que su éxito depende del talento de sus trabajadores: su formación, sus capacidades, su inteligencia emocional, su pensamiento crítico y su adaptabilidad. Y también saben que ese potencial solo se desarrolla en ambientes donde se valora el bienestar, la motivación y el sentido de pertenencia. Ya no se trata de “explotar” al trabajador, sino de potenciarlo. Una empresa avanza cuando sus trabajadores están motivados, capacitados y satisfechos. Lo que es bueno para la empresa, también lo es para el trabajador.
Lamentablemente, los gobiernos insisten en una narrativa de antagonismo que ya ha sido superada en gran parte del mundo. Así, decretan aumentos salariales sin diálogo con el sector productivo, negociando solo con dirigencias sindicales que no representan a la mayoría de los trabajadores, sino a sus propios afiliados —frecuentemente privilegiados por su cercanía al poder. Además, ese tipo de medidas puede terminar perjudicando al trabajador en un contexto de inflación persistente y escaso crecimiento como el que estamos viviendo.
Ha llegado la hora del sinceramiento. Los trabajadores no necesitan dádivas demagógicas ni discursos de ocasión. Necesitan empleos dignos, formales, productivos y sostenibles. Requieren educación, capacitación, movilidad y adaptabilidad. Aspiran, como todos, a que sus hijos tengan un futuro mejor. La verdadera justicia laboral no se construye con discursos: se construye con oportunidades reales.