El enigma de los puentes a Porongo
Es curioso revisar toda la historia que gira en el entorno a la construcción de las vías de interconexión entre los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Porongo. En el repaso minucioso de esta larga secuencia de hechos, quizás se puede descifrar este enigma que sorprende enormemente al ciudadano común, afecta a toda una comunidad postergada y naturalmente al desarrollo armónico de la gran ciudad.
Esta historia tiene sus inicios a principio de la década de los 90, cuando el visionario empresario Mario Foianini Lozada se le ocurrió la idea de construir el primer puente en este sector de la progresista capital cruceña; según comentan sus herederos, tuvo que pasar un largo periplo de años para que finalmente sea autorizada su construcción por las autoridades competentes y entregada al uso público en 1999, coincidentemente en la gestión del ahora nuevamente alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández Saucedo.
Posteriormente, a partir de 2010 y más de diez años después de la construcción del primer puente, ante la necesidad de una segunda vía de interconexión municipal, debido al desarrollo natural de la urbe cruceña, un grupo de empresarios y vecinos de Porongo se dieron a la tarea de gestionar la construcción del puente denominado “Bicentenario”.
El proyecto para la construcción de este puente estuvo financiado totalmente por este grupo de empresarios y en una inédita gestión conjunta con el Gobierno Municipal de Porongo, se creó un impuesto especial que financiará la construcción de esta obra muy necesaria desde ese entonces, hace 12 años. Por una serie de razones técnicas y legales poco sustentables, ese proyecto quedó paralizado hasta el día de hoy.
Luego, desde 2015, la empresa Urubó Village viene gestionando la construcción de otro puente ubicado en la continuación de la avenida Roca y Coronado. Después de muchos años de interminables gestiones ante las autoridades, en octubre de 2020 ambos municipios firmaron un convenio que autoriza la construcción del citado puente de uso público financiado con recursos 100% privados.
En fecha 3 de marzo, ya en la tramitación de la licencia ambiental, siguen las exigencias de diferente índole de quienes tienen la responsabilidad de otorgar este requisito indispensable para iniciar esta obra, mientras una comunidad desesperada clama por soluciones inmediatas. Cabe mencionar que actualmente se está construyendo el puente paralelo o la ampliación del puente Mario Foianini; sin embargo, esta obra se constituye en una solución parcial al problema existente.
El amable lector seguramente se preguntará el porqué de tanto obstáculo a una obra de urgente necesidad pública y sacará sus propias conclusiones.
Sabemos perfectamente que cuando no existe voluntad, con seguridad se crearán e incorporarán los requisitos inimaginables. No se pretende de ninguna manera que se violente ninguna norma, pero este recurrente accionar es sintomático y se puede suponer con toda razón que existen intereses subrepticios. ¿Será la burocracia perversa de las entidades públicas que solo ven intereses particulares y no el interés común? ¿Es que, entre cruceños, en un total contrasentido, estamos poniendo obstáculos a obras que van en beneficio de todos? ¿Será posible que ninguna autoridad que ha sido elegida por el pueblo y tiene la obligación de velar por el bien común tome cartas en este añejo asunto y ponga fin a esta injusta situación? La propia gestión para consolidar la región metropolitana se ve afectada por la mirada corta de las autoridades responsables.
No será extraño, ni la primera vez, que la iniciativa privada se vea en la obligación de postergar indefinidamente o dejar sin efecto una obra ante tanta barrera existente.
Naturalmente, esperamos que prime ante todo la racionalidad y el interés común.
