24 de abril de 2022, 4:00 AM
24 de abril de 2022, 4:00 AM


El Decreto Supremo 4701 creó el miércoles la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria, con el fin de “fortalecer la soberanía alimentaria, dinamizar el mercado y la economía a través de la producción agropecuaria, y generar excedentes”, según las palabras del presidente Luis Arce. Desde otra perspectiva, nace una nueva empresa estatal que busca competir con el sector privado que se dedica a este rubro, en lugar de hacer causa común y generar incentivos para que lo que ya existe pueda operar de mejor manera, generar empleos y riqueza para el erario nacional. 

Una vez más se consolida la idea de promover un Estado empresario, que se mete al mercado donde ya hay otros operadores que han hecho bien su trabajo, al menos en el sector agropecuario ha sido así y lo demuestran las cifras de crecimiento económico. Hay que recordar que este rubro de la economía creció durante la pandemia, cuando todos los otros sectores se desmoronaban.

 También hay que hacer notar que, hasta aquí, se ha garantizado la seguridad alimentaria, a pesar de las cortapisas puestas por el Gobierno central, que desincentiva la producción con condiciones poco alentadoras para la inversión, que favorecen al contrabando de alimentos y que ponen trabas para exportar lo que se produce en el país. Desde que Evo Morales está en el poder ha ido aumentando el número de empresas estatales. 

Según el Ministerio de Desarrollo Productivo hay 76 compañías que dependen del Estado y la mitad de ellas son deficitarias. La información fue divulgada por la Agencia Boliviana de Información y citada por varios medios de comunicación en el país. Solo como ejemplo está YPFB, que fue la mayor empresa generadora de recursos con la exportación de gas, y ahora tiene serios problemas porque gastó la plata, pero no invirtió lo suficiente en exploración, dejando como consecuencia una fuerte caída de ingresos. Significa que no se ha podido hacer eficiente el modelo económico que plantea un Estado protagonista antes que regulador. 

Aparte del perjuicio económico que implica, eso lo convierte en juez y parte y tiene tuición para manejar precios y dictar normas que castigan a los privados en beneficio de ineficientes empresas que dependen del Estado. Ya lo hizo notar el presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Fernando Hurtado, cuando era posesionado para una nueva gestión. Él planteaba únicamente equidad de condiciones para producir y no obstáculos ni distorsión del mercado.

Según reportes, Bolivia es el penúltimo país en recuperación económica del continente (solo está por encima de Ecuador). Aunque el Gobierno hable de grandes cifras de expansión, lo cierto es que la caída registrada durante la pandemia fue tan importante, que ahora todavía hay cifras negativas con relación a los años anteriores al covid-19. 

Se sabe que la crisis ha sido mundial, lo que marca la diferencia es qué ha hecho cada país para favorecer a esa recuperación: han generado incentivos para la inversión, producción y exportación, mientras que en Bolivia se hizo exactamente lo contrario. 

¿Cómo se explica que haya productos con cupos de exportación, con bandas de precios? El efecto de esto es que se siembra menos o la producción sale del país por vías no necesariamente legales para acceder a mejores precios internacionales. ¿Cómo una empresa estatal puede cambiar esta realidad que es generada desde la misma gestión gubernamental?

La fórmula del Gobierno de Arce no funcionará para la recuperación económica nacional en tanto no haya un trabajo mancomunado entre el sector público y privado. De nada sirve sostener una ideología que mira al empresario como ‘enemigo’ si esa estrategia no le está dejando mejores condiciones de vida a los bolivianos. Ojalá que la reunión del lunes entre la Confederación de Empresarios Privados y el ministro de Economía permita tender un puente y trabajar con una sola meta. Y ojalá que la nueva empresa estatal no sirva únicamente para generar pegas a los afines al gobierno y para seguir sangrando las mermadas arcas del Estado.

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