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19 de junio de 2018, 4:00 AM
19 de junio de 2018, 4:00 AM

Hace poco, el juez federal de los Estados Unidos James Cohn revocó el veredicto de un jurado cuyo voto unánime encontró al ex presidente boliviano Sánchez de Lozada y a su exministro de Defensa responsables por los crímenes contra la humanidad realizados por militares bolivianos, quienes segaron la vida de cerca de 60 personas e hirieron a cientos durante los disturbios civiles del  2003 en Bolivia.

El juez Cohn se refugió en un tecnicismo legal, afirmando que la evidencia no era suficiente para probar la existencia de “plan preconcebido para matar a los civiles”. Lo que choca frontalmente con los precedentes judiciales de los más importantes Tribunales Penales internacionales que en numerosas situaciones interpretaron el correcto significado de la “existencia de un plan”. Criterios intuitivamente compartidos por el jurado, dado su correcto sentido de justicia, dando lugar a la determinación de responsabilidad. Analicemos algunas de ellas. 

Sobre la existencia de un plan formal para ejecutar ataques contra la población civil, la Corte Penal Internacional en el caso Katanga y Ngudjolo Chui ha señalado que esta no necesita ser ni formalizada, ni expresa ni precisa en sus detalles. En palabras de la Corte: “El requisito de la política estatal o de una organización implica que el ataque sigue un patrón regular. Tal política puede ser realizada por grupos de personas que gobiernan un territorio específico... El ataque no necesita ser formalizado”.

Por otra parte, en el caso Karemera, sustanciado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, se estableció: "La existencia de un plan o política no es un ingrediente legal (...). Si bien la existencia de dicho plan puede ayudar a establecer que el acusado poseía la intención de genocidio requerida, sigue siendo solo evidencia que respalda la inferencia de intención y no se convierte en el ingrediente legal del crimen". Finalmente, la Sala Preliminar de Corte Penal Internacional en el caso Ruto, Kosgey and Sang claramente afirmó que no se necesita contar con un plan formal ni concreto, sino determinar la existencia de elementos que permitan inferir que existía un grado suficiente de planificación para cometer ataques contra la población civil, al respecto, afirmó que el nombramiento de comandantes, la existencia de mapas, las decisiones tendientes a que los hechos ocurran son suficientes indicios, sin que sea necesaria la existencia de un plan como tal.

Criterios que, si son traspuestos a la matanza alteña de octubre de 2003, explican claramente por qué el jurado estadounidense emitió su veredicto; realizando una inferencia razonable y con base probatoria suficiente que se apoyó en la cantidad de víctimas, el uso deliberado de fuerza letal que emplearon militares contra civiles desarmados, la abstención consciente de los perpetradores directos e indirectos de detener estas ejecuciones y fundamentalmente que los demandados tenían posición de comando en estas operaciones. 

Sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que de haberse producido el testimonio de la segunda autoridad al mando de la nación aquellos días, don Carlos Mesa Gisbert, esta hubiera sido de gran utilidad por el hecho de que Mesa se separó del Gobierno de Sánchez de
Lozada mencionando expresamente: “Me han preguntado si tengo el valor de matar y mi respuesta es que no tengo el valor de matar, ni tendré mañana el valor de matar, por esa razón es que es imposible pensar en mi retorno al Gobierno”. Las preguntas lógicas que Carlos Mesa debió responder son: ¿Por qué preguntarle si tiene el coraje de matar si no había un plan para matar? ¿Quién ideó ese plan y, en consecuencia, quién le hizo esa terrible y reveladora pregunta a Mesa? Quizá nunca lo sabremos.

Pero lo que sí sabemos es que, pese al silencio de Mesa, el fallo dictado por un tribunal ciudadano en Estados Unidos no pudo ser más justo a la luz del derecho internacional y la propia ley americana, y que la revocatoria del juez Cohn es un acto ilegal, injusto e incluso con sesgos políticos.

Corresponde al juez Cohn y al sistema judicial americano, que sin duda corregirá este craso error, reflexionar las palabras del gran juez estadounidense James Marshall, quien afirmó: “Los tribunales son los meros instrumentos de la ley, y no pueden hacer nada. Cuando se dice que ejercen una discreción, es una mera discreción legal, una discreción que debe ejercerse para discernir el curso prescrito por la ley (…). El poder judicial nunca se ejerce con el propósito de dar efecto a la voluntad del juez; sino siempre con el propósito de dar efecto a la voluntad de la ley”.

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