14 de noviembre de 2022, 4:00 AM
14 de noviembre de 2022, 4:00 AM


El informe presidencial de Luis Arce fue una lluvia de números, datos, indicadores macroeconómicos, etc., que contrastan con la realidad, y pocos terminan entendiendo. El discurso se ocupó de los trámites menores, y puso en evidencia la falta de grandes proyectos de impacto general. Sin embargo, el mandatario ignoró la crítica situación que vive el país por el censo de población y vivienda y la necesidad de una verdadera reconciliación nacional, que permita una pacificación de Bolivia. 

La forma del acto presidencial, que ha perdido la solemnidad que lo caracterizaba, ya no corresponde al siglo XXI cuando existen otras opciones de hacer propaganda e informar al ciudadano (siempre que esa sea la intención). Hay que repensar cómo hacer que estos informes lleguen al ciudadano, y los utilice para tomar decisiones bien informado. El informe presidencial no debe exceder de unos 20 minutos, salvo que se trate de un mitin político, pero en este caso tiene que hacerse en otro lugar.

Los gobernantes innovadores y democráticos han comenzado a promocionar el Gobierno Abierto, para que el ciudadano esté informado los 12 meses (y no una vez al año), que se caracteriza por la transparencia, la rendición de cuentas, y la participación ciudadana. La idea es que el gobierno (cualquier tipo de gobierno) tiene que transparentar su administración para cualificar la gestión gubernamental, combatir la corrupción y generar confianza ciudadana. En realidad, transparencia y rendición de cuentas van de la mano: para que podamos exigir a los gobiernos y administraciones públicas que sean responsables de lo que hacen y las decisiones que adoptan es necesario que podamos acceder a la información que tienen en su poder. 

De ahí por qué transparentar la cosa pública es una obligación legal y constitucional de todo servidor público. La Convención de la ONU contra la corrupción (art. 10), que ha suscrito el Estado boliviano, exige adoptar, entre otras cosas, las siguientes medidas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y, c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.

La Carta Democrática Interamericana (art. 4) establece que son componentes fundamentales de la democracia, la transparencia, la probidad, y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. A tiempo de aprobar la “Ley Modelo Interamericana sobre el Acceso a la Información Pública”, la OEA estableció que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información.

La Constitución boliviana (arts. 106-107) proclama el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, así como a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. Y aclara, no obstante, que los medios de comunicación social deben contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país.
La libertad de expresión es, por tanto, esencial para combatir la corrupción ya que no sólo permite socializar la información en poder del Estado, sino busca una mayor fiscalización de la cosa pública afianzando así las instituciones democráticas. En cualquier caso, la concentración del poder, el prorrogismo, las restricciones a la libertad de expresión y los principios democráticos, la impunidad, la informalidad, la falta de rendición de cuentas, el contrabando, entre otros hechos recurrentes, generan el clima propicio para la corrupción y ésta se encarga de degradar no sólo la gestión del gobierno sino también del Estado y de las instituciones representativas.