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La gestión presidencial de Luis Arce Catacora y del MAS está rebasando todos límites y las formas. La toma policial de Potosí, así como la detención de los cívicos Marco Pumari y Juan Carlos Manuel constituyen un abuso desde cualquier punto de vista, la prepotencia del poder en un acto de venganza porque los bolivianos no aceptaron el fraude electoral de 2019 ni las leyes que pretendía imponer un gobierno persecutor en esta gestión.

El jueves por la noche llegaron 2.000 policías de otros departamentos a Potosí y literalmente cazaron a Marco Antonio Pumari, quien fue sacado de su vehículo que quedó abierto y con la llave puesta. Estuvo desaparecido durante las primeras horas, porque las explicaciones llegaron al día siguiente. El comandante de la Policía, Johnny Aguilera, dijo que el envío de uniformados era para restablecer el orden en la capital potosina, donde no se había reportado ningún desorden. Lo que en realidad se impuso fue un amedrentamiento en un pueblo históricamente sufrido durante las dictaduras militares de los 70 y 80.

A Potosí mandaron 2.000 policías para detener a tres dirigentes cívicos, cuya única arma es la palabra. Sin embargo, hace menos de un mes enviaron un contingente de 20 uniformados a San Julián, donde se debía capturar a seis miembros de un grupo irregular armado que secuestró y torturó a 17 personas, entre productores, periodistas y policías. ¡Cuánta diferencia! Ambos hechos demuestran la talla de lo que significa hacer justicia en Bolivia. El rigor es para los opositores, no para los afines, aunque tengan conductas delictivas como las demostradas en Las Londras.

De ese tema ya no habla el obierno y la Policía no parece tener planes de capturar a los encapuchados armados que van sembrando el terror en las propiedades agropecuarias de Santa Cruz, obteniendo información del INRA y actuando con vergonzosa impunidad.

Pero volviendo a los abusos cometidos en Potosí, varios abogados coinciden en que la detención de Marco Pumari es ilegal. Primero porque lo capturaron sin previa notificación y segundo porque el operativo fue a altas horas de la noche. El Ministerio Público intenta justificar su accionar, pero sus argumentos caen a la vista del sometimiento que sus miembros demuestran ante el poder político. El abogado defensor señaló que su cliente fue secuestrado y la figura parece ser esa porque no se supo de su paradero hasta varias horas después. ¿No es acaso parecida esa conducta a la demostrada por los militares que se llevaban detenidas a las personas de madrugada y con rumbo desconocido?

Y los abusos siguieron. A Pumari lo llevaron primero a Betanzos y después a Llallagua para su audiencia cautelar. En esta última población fue escoltado por más de 20 policías y lo esperaba un grupo de choque afín al gobierno. Su esposa lo denunció, pero de nada sirvió. La excusa para este movimiento fue que en Potosí no había suficiente seguridad, ¿y los 2.000 uniformados?

¿Qué pretende el Gobierno en Potosí? Busca descabezar al movimiento cívico que es fuerte y que ha sido capaz de pararse firme frente a los abusos del Movimiento Al Socialismo. Sin duda, una piedra en el zapato para ese partido político, porque ni siquiera logró la obediencia que pretendía cuando dispuso que campesinos afines vayan a desbloquear durante el paro, ellos también se dieron la vuelta al ver la confrontación que se pretendía impulsar.

Lo que no calcula la cúpula masista (Evo Morales y Luis Arce) es que la indignación del pueblo será mayor en tanto se detenga y se sigan cometiendo abusos contra los líderes de la sociedad civil. A la mala no se consigue ni el respeto ni el cariño de la ciudadanía; a la mala se juega con fuego.

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