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La destitución del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, descubierto cuando recibía un soborno de 20.000 dólares por la titulación de un predio, no ha hecho más que confirmar una escandalosa verdad que todos conocen, pero parecen ignorar como quien mira para otro lado: la distribución de la tierra en Bolivia es un gran negocio, con mucho de tráfico y poco de legal.

De los nueve departamentos del país, Santa Cruz es la región de las oportunidades para los traficantes por lo apetecible que le resultan las tierras de esta parte del país. Acá es donde se cocinan los tratos más millonarios en los que participan funcionarios de Gobierno, ex funcionarios de las instituciones dependientes del Ministerio del área, y dirigentes de indígenas o campesinos.

Las recurrentes denuncias de asentamientos ilegales en la zona de la Chiquitania, así como la existencia de caminos y sendas allí donde no debía vivir nadie, la presencia de avanzadas de los denominados ‘interculturales’ en tierras del oriente, son apenas indicadores -los pocos que se hacen visibles- de un problema mayor que implica una preocupante ausencia del Estado.

Una denuncia de la Fundación Tierra señala que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz en solo cinco años, entes 2014 y 2019, y que se escondió sistemáticamente la información sobre quiénes son los beneficiarios, ni donde se encuentran esas tierras, ni cuáles son sus extensiones.

Según la denuncia, que viene de una institución con larga tradición en el estudio y conocimiento del tema tierras en Bolivia, en el país existe un consorcio delincuencial que se conoce como ‘INRA paralelo’, que estaría integrado por funcionarios y exfuncionarios públicos, que falsifica expedientes agrarios y hace un blanqueo de antecedentes jurídicos con el fin de entregar tierras fiscales al que mejor paga.

Tras el destape del caso de corrupción que involucra al ex ministro Characayo, el Gobierno debe tomar acciones firmes no solo en ese caso, sino en general en la administración del sistema de dotación de tierras, donde se esconden muchos misterios de los que apenas se conocen atisbos, como cuando se ve únicamente la punta de un iceberg.

Solo el caso de Characayo involucra a más personas. Sería ingenuo pensar que este tipo de irregularidades da ocupación e ingresos ilegales a dos o tres personas. Donde hay una red hay muchas personas conectadas.

Por cierto, los que salieron en defensa de Characayo son los llamados interculturales, quienes ven una supuesta trampa que se le hubiera tendido al ahora ex ministro. Como siempre, no faltaron las acusaciones a la oposición y la derecha, como ya se ha vuelto habitual en la retórica cercana al Movimiento al Socialismo.

De todas maneras, un acto de corrupción, sea ‘natural’ o producto de una ‘trampa’, es un acto de corrupción que no se puede aceptar ni como normal ni como ‘pequeño episodio’ ni como ‘intrascendente’, como calificó el caso el ex ministro Juan Ramón Quintana, hombre muy cercano a Evo Morales.

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