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La reforma tributaria que impulsó el Gobierno de Iván Duque fue apenas la chispa que dio inicio a una confrontación callejera de bronca acumulada. La represión gubernamental se choca con la protesta ciudadana que es atizada también por dirigentes extremistas, a muchos de los cuales la Policía identifica como gente que fue del grupo guerrillero de las FARC. Tanto la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, como el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, coinciden en afirmar que el venezolano Nicolás Maduro ha contribuido al actual estado de las cosas. Pero no se puede desconocer que hubo muchos excesos policiales, los cuales incluso fueron filmados, y que son ahora la razón principal de que la pesadilla no se termine. El país del hablar bonito está sumergido en un infierno desde hace una semana. Hay 24 muertos, reconocidos oficialmente, y un número indeterminado de personas desaparecidas.

Colombia es un país de más de 50 millones de habitantes, en el que hay más de 2,9 millones de personas contagiadas con coronavirus y donde la pobreza escaló hasta alcanzar al 45% de la población el año 2020. Fue en ese contexto que el Gobierno quiso imponer una reforma tributaria que, entre otros puntos, imponía un impuesto a rentas mayores de 663 dólares, gravaba servicios públicos para los más pudientes, entre otros puntos. El castigo tributario era principalmente para la clase media, mientras poco o nada se tocaba a los privilegiados de ese país. La ira popular se hizo ver y el proyecto fue retirado, así como también renunció el ministro de Hacienda, su impulsor.

Pero ya era tarde, el infierno empezó en Cali y siguió en Bogotá. Hubo ataques de la Policía a los civiles, que han sido condenados a escala internacional, pero también los manifestantes incendiaron más de una decena de estaciones policiales y casi queman vivos a uniformados que estaban en su interior.

Lo que se puede ver es que corrientes políticas extremistas están librando una batalla donde las víctimas son los ciudadanos de a pie, sumergidos en su propia cotidianeidad de pobreza, pandemia y ahora violencia extrema. Varios analistas internacionales creen que uno de los mayores problemas es la desconfianza, tanto del Estado en los grupos de protestantes, como de estos en las instituciones llamadas a resguardar la paz.

Lo que está pasando en Colombia también se ha visto en Bolivia, en Chile o en Argentina. Las corrientes conservadoras no se abren para escuchar las necesidades populares, mientras que las tendencias izquierdistas del Grupo de Puebla argumentan luchar por los desamparados, mientras trabajan sin pausa en imponer un modelo de gobierno. Hace mucho tiempo que hay injerencia externa en la búsqueda de soluciones para los problemas de cada nación. Solo hay que acordarse de las posturas de México o de Argentina cuando Bolivia sorteaba una confrontación que podía terminar en guerra civil.

En Chile se publicaron investigaciones que señalaban que más de la mitad de los mensajes posteados en redes sociales provenían del extranjero.

Por eso es que se observa con dolor lo que está pasando en Colombia, país golpeado por un lado por la torpe política tributaria de su Gobierno y la violencia policial, mientras que por otro lado es embestido por las ambiciones de conglomerados políticos regionales, como el Grupo de Puebla.

Para avanzar hacia la pacificación será vital dialogar y escuchar, reconocer las demandas de las mayorías y defender la soberanía nacional de cada país. Hoy es Colombia, mañana puede ser Chile otra vez o Perú. Duele el continente.



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