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El INRA en desacato flagrante

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¿Por qué durante la gestión de Ruben Costas no funcionó la Comisión Agraria Departamental? es una respuesta que todos esperamos y que en estos momentos se agravan al escuchar las insolentes respuestas del funcionario encargado del INRA en Santa Cruz, quien ha dejado con las barbas en remojo al gobernador Fernando Camacho al descartar su participación bajo el argumento de que el tema tierras es de competencia exclusiva del nivel central (¡plop!).

Pero antes de nada veamos qué dice la Ley 1715 del 28 de noviembre de 2006: La Comisión Agraria Departamental es creada junto a otras normas conexas con facultades de supervisar el tema tierra. El Articulo 15, dice: “(Comisiones Agrarias Departamentales). I. En cada uno de los departamentos se constituye una Comisión Agraria Departamental, cuya composición será similar a la nacional, de acuerdo a las características y necesidades de cada región; en función a la estructura departamental descentralizada del Poder Ejecutivo, y de las organizaciones sectoriales o afines de mayor representatividad”

El Articulo 16º dice en sus “(Atribuciones) Las Comisiones Agrarias Departamentales tienen las siguientes atribuciones:1. Supervisar la ejecución de las políticas de tierras cualesquiera sea su condición o uso, en su departamento; 2. Dictaminar sobre las áreas y superficies que proponga distribuir el Instituto Nacional de Reforma Agraria, por dotación o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades socio-económicas del departamento; 3. Dictaminar sobre las áreas a catastrar que proponga el Instituto Nacional de Reforma Agraria; 4. Ejercer control social sobre el abandono de la tierra y el incumplimiento de la función económico-social en fundos agrarios, solicitando las instancias competentes la reversión o expropiación de tierras de acuerdo a las causales previstas en esta ley; 5. Conocer y canalizar las peticiones, reclamaciones y sugerencias de organizaciones departamentales y regionales que integran el sector agrario; 6. Coordinar y concertar a nivel departamental y regional con otras instituciones públicas o privadas afines a la actividad agraria, en el marco de su competencia; 7. Proponer ternas al Director Nacional para la designación de los directores departamentales; y a éstos para la designación de Jefes Regionales, solicitar la suspensión o exoneración de autoridades agrarias departamentales y regionales por irregularidades o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; y 8. Efectuar, en su departamento, el seguimiento al proceso de saneamiento técnico-jurídico de la propiedad agraria descrito en el título V de esta ley”.

No hay justificativo, pero que después de casi 14 años de negativa por parte de las anteriores autoridades nacionales de impulsar el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental (CAD) de Santa Cruz, pese a las innumerables convocatorias, sigan manteniendo esta posición de desacato corresponde a la Gobernación o a la Asamblea Legislativa Departamental instaurar inmediatamente un juicio penal al director del INRA por desacato, incumplimiento de deberes y especialmente de daño al medio ambiente y a los bienes del Estado. Es de suponer que ya lo deben estar analizando, pero es que la población y especialmente los territorios indígenas de nuestro departamento, así como los parques nacionales y las áreas protegidas hoy son objeto de dotación de tierras, que ni a los lugareños se les puede dotar por ser patrimonio natural de nuestro departamento.

Es urgente que esta situación de desacato, mediante los recursos y las herramientas que proporcionan las leyes, se apliquen e inmediatamente se investigue los asentamientos irregulares y el triste papel que viene teniendo el INRA en estos tres últimos lustros. En este momento que se está ingresando a la época critica de incendios forestales está demostrado que en anteriores años estos ha n sido provocados por los nuevos asentamientos humanos en áreas forestales. La Comisión Agraria Departamental como órgano responsable de supervisar la ejecución de las políticas de tierra en el departamento, de dictaminar sobre las áreas rurales a distribuirse por dotación o adjudicación, entre otras facultades que le reconoce la normativa, de manera inmediata debe ordenar al INRA a suspender la autorización de asentamientos humanos en zonas forestales para evitar un mayor daño al medio ambiente y preservar de esta manera nuestros bosques.

Juan Manuel Arias Castro es Economista


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