Después de 12 días de convulsión, el Gobierno de Lenín Moreno resolvió derogar el polémico decreto 883 que eliminaba los subsidios a los hidrocarburos, medida que había elevado los combustibles en más del 123%. Siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos es el saldo de más de una semana en que Ecuador se transformó en un polvorín. Gracias a una mediación de la ONU y de la Iglesia católica, hoy el país encara un diálogo para resolver el conflicto.

Las medidas adoptadas por Moreno estaban relacionadas con las condiciones que había impuesto el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un préstamo por 4.200 millones de dólares que debían permitir un ahorro de 1.300 millones de dólares al año y cubrir un déficit fiscal de 5.600 millones de dólares previsto para 2019.

Moreno defendió a capa y espada la eliminación de los subsidios por considerar que los mismos favorecían a los sectores pudientes de Ecuador y a los traficantes de carburantes que vendían los energéticos al contrabando. Todo subsidio es una distorsión económica que encierra un espejismo, en este caso, que lleva más de cuatro décadas en un país cuya moneda oficial es el dólar, lo que hace más grave su dependencia de recursos financieros.

A su vez, Lenín Moreno argumenta que recibió el poder en mayo de 2017 con una pesada herencia de parte del expresidente Rafael Correa, quien sustentó su poder en un sistema asistencialista, prebendalista y corrupto que llevó al colapso de las cuentas públicas.

Más allá de los argumentos de Moreno, el remedio resultó peor que la enfermedad. Y esto no es novedad con las denominadas “recetas del FMI”, que apuntan fundamentalmente a descargar las cuentas mal administradas en los bolsillos de la gente sin discriminación.

Ocurrió en Bolivia con el polémico decreto 21060 a mediados de los años 80 y con el impuestazo a los salarios de febrero de 2003 que llevaron a una eclosión estatal que todavía hoy debatimos. Y con el gasolinazo que impuso Evo Morales en enero de 2011, que desencadenó una crisis social que lo obligó a revertir la medida, tal como acaba de ocurrir con Moreno.

Gobernar a espaldas de los bolsillos de la gente puede ser peligroso, aunque las cuentas frías exijan medidas urgentes e impopulares. Argentina, Brasil, Perú, México y otros países europeos intentaron la misma “receta del FMI” y así les fue. El problema es que, cuando se heredan economías ya dañadas, queda una realidad complicada para los mandatarios que deben resolver lo que heredaron de sus antecesores.

Más que el remedio, deberíamos ver cuáles son las causas de la enfermedad. El despilfarro, el gasto público sin sustento y el ocultamiento de la información económica que, en muchos casos, lleva a desayunarnos con arcas vacías y economías inviables y que son situaciones que caracterizaron a los gobiernos populistas en el último tiempo.

Las lecciones que deja la historia de ajustes en América Latina debería servir para las siguientes administraciones en países donde la transparencia no es la moneda corriente. Es el caso boliviano.

¿Qué país dejará la actual administración de Evo Morales? ¿Es realmente un paraíso boyante como intenta mostrar su impresionante propaganda política? ¿Cuál es la real medida del déficit fiscal, de la caída de las reservas internacionales y del endeudamiento? Muchos temen que, al asumir en enero, el nuevo presidente, cualquiera que fuera elegido, se encontrará con una economía en problemas.

Los bolivianos no queremos un país que se ponga al borde de la cornisa, como en Ecuador o Argentina. Demandamos un país equitativo, ordenado y transparente que siente las bases de un desarrollo realmente sostenible para todos.