28 de marzo de 2023, 7:52 AM
28 de marzo de 2023, 7:52 AM

En 2009 se aprobó la Constitución Política del Estado y uno de los compromisos era terminar con la discriminación a los pueblos indígenas de Bolivia, en una lógica de descolonización. Pasaron 14 años y, en los hechos, la segregación continúa, especialmente para los pueblos originarios de tierras bajas, cuyo reconocimiento y atención son totalmente diferentes a los que reciben los de tierras altas (aymaras y quechuas).

EL DEBER constató la tesis planteada en una visita a las comunidades del pueblo yuracaré moxeño, que vive aislado y con una infinidad de necesidades que no son atendidas por el Estado. Para empezar, solo para llegar hay que hacer una larga travesía, primero por tierra hasta Cochabamba y después en lancha hasta la zona habitada por unos 3.000 ciudadanos en 14 comunidades dispersas. Siendo un pueblo cruceño, no es accesible desde el mismo departamento de Santa Cruz.

Las lanchas son vitales para estas comunidades. Pero para subirse a estas se necesita combustible y, a falta de provisión en surtidores, los yuracaré moxeño deben recurrir al mercado negro y pagar hasta Bs 10 por cada litro que consumen. Por cierto, cada traslado demanda unos 30 litros que suman 300 bolivianos. Ante las emergencias, los que no cuentan con esos recursos deben resignarse a permanecer en el lugar, aún a costa de la vida de un paciente moribundo. Los servicios de salud no son adecuados. Solo hay una posta sanitaria en la población de Pallar y para las otras siete comunidades hay una brigada médica ambulante que va una vez por semana. No hace falta mucho esfuerzo para imaginar que hay gente que muere por falta de un pronto socorro especializado y que los otros viven la enfermedad como una pesadilla de necesidades.

Si se habla de educación la situación no es mejor. Solo hay cinco maestros y 40 estudiantes de edades diversas. El servicio de internet se interrumpe con frecuencia, por lo que tampoco hay posibilidades de desarrollar investigaciones y, menos aún, de interactuar con pares de otras escuelas. Y, lejos de atender esa realidad, en el Ministerio de Educación imponen la enseñanza de contenidos para los que no se imparte preparación a los maestros ni existen los recursos adecuados. Lo que es muy probable que llegue a las aulas del pueblo yuracaré moxeño es la educación sesgada que habla de “golpe”, pero no de referéndum o de fraude electoral.

El pueblo yuracaré moxeño es uno de varios que viven de manera precaria, cuyos dirigentes se cansan de pedir recursos, salud y educación, sin que ese clamor sea atendido. En cambio, los votos de sus representantes en la Asamblea Legislativa Departamental son cotizados y utilizados a favor del poder de turno. Es por eso que hace ya mucho tiempo, afines al MAS plantean revocar la representación de un asambleísta que decidió apoyar al gobernador cruceño, en una lógica de uso y manipulación.

La realidad de los yuracaré moxeños es la constatación de que hay bolivianos de primera y de segunda en este país. La falta de condiciones en que viven sus habitantes dista mucho del exceso de obras y privilegios que tienen zonas muy cercanas, como las del trópico de Cochabamba.

Lo lamentable es que prevalezca una mirada patriarcal sobre los pueblos indígenas de Bolivia. Un gobierno que se llena la boca con la reivindicación de sus derechos, pero que en realidad niega salud, educación, comunicación y también la autodeterminación, pues premia a los que agachan la cabeza, pero castiga a los que se atreven a pensar por sí mismos.