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27 de septiembre de 2017, 4:00 AM
27 de septiembre de 2017, 4:00 AM

El oficialismo planteó ante el TCP una acción abstracta de inconstitucionalidad contra varias normas que le impiden una nueva reelección a Evo Morales. Ha elegido, por tanto, la ‘vía nicaragüense’ para perpetuarse en el poder, imitando la maniobra del sandinista Daniel Ortega, que se hizo habilitar para los comicios de 2016 por un tribunal alegando que la cláusula constitucional que le prohibía la reelección “violaba sus derechos fundamentales”.  En esto, como en tantas otras cosas, los países del bloque populista siguen el mismo guion de falsear la democracia.

En el caso boliviano, queda claro que el MAS, al no haber logrado imponer ‘en cancha’ la re-reelección el 21-F, quiere hacerla aprobar ‘en mesa’, burlando la voluntad popular manifestada en el referéndum.

El recurso planteado apunta, por una parte, a que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley del Régimen Electoral, y por otro lado busca que se establezca la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución, con el argumento falaz de que estos vulneran derechos amparados por convenciones internacionales.

Contra esta aberración jurídica debe recordarse que existe jurisprudencia, como un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitido en 1993 a raíz de una petición hecha por el exmandatario de Guatemala Efraín Ríos Montt, por resoluciones que lo inhabilitaban para participar en elecciones presidenciales. En esa ocasión, la CIDH declaró inadmisible la denuncia, señalando que la existencia de condiciones de inelegibilidad es propia de un orden democrático y constitucional y no implica una violación de derechos fundamentales, teniendo como función evitar un favorecimiento indebido a ciertos postulantes.
En Bolivia, es evidente que la maniobra se lleva a cabo teniendo en cuenta el sometimiento de los tribunales al Palacio Quemado. Habrá que decirle No nuevamente al reeleccionismo, votando nulo el 3 de diciembre para evitar la legitimación de los operadores judiciales de un régimen cada vez menos republicano.

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