Edición Impresa

El mundo en tu celular

Escucha esta nota aquí

El Covid-19 aceleró no sólo los avances tecnológicos, que se conocen como la cuarta revolución industrial, sino también ha transformado ciertas conquistas normativas en derechos fundamentales como el acceso al servicio de internet. Las tecnologías de la información y la comunicación deben convertirse en un medio para impulsar, implementar y desarrollar políticas públicas efectivas que promuevan: a) un sector empresarial moderno y digitalizado; b) el desarrollo de la industria de la TIC; c) tener un gobierno digitalizado; d) un sistema educativo público y privado que se adapte a los nuevos cambios; y e) propiciar una cultura de la digitalización en todo el país. 

Los componentes básicos de lo que sería una agenda digital son: a) gobierno electrónico; b) conectividad al máximo; c) marcos normativos; y d) economía digital. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que el servicio de internet y la digitalización de todos los servicios públicos y privado no sólo se ha convertido en un derecho humano básico y fundamental sino además en un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos como los económicos, sociales, políticos y culturales. 

El acceso a internet mejora las condiciones de vida en todo sentido. Y como se trata de una herramienta básica, el primer desafío del gobierno nacional (en todos sus niveles) será masificar el servicio, facilitar el acceso, bajar el precio y hacer que llegue a todos los rincones patrios. El gobierno electrónico (factura electrónica, firma digital, teletrabajo, expediente electrónico, audiencias virtuales y una infinidad de servicios públicos y privados en línea), ya es una realidad en nuestro entorno y lo que corresponde es asumir este desafío, que ha llegado silenciosamente como el Covid-19 y muchos aún no queremos reconocer.

El acceso a internet se ha convertido en algo tan esencial, como el agua y la luz, y por ende debe protegerse (si es necesario) con la acción tutelar del amparo constitucional. La demanda de internet se multiplicó con la pandemia, al extremo que la tasa de digitalización en Bolivia alcanza a un 63%. Las compras online sumaron $us. 515 millones, el doble que el año pasado. En función de este último dato los negocios deberán analizar su segmento de mercado, las categorías, los medios de pago y las plataformas de compra, con el propósito de dimensionar la oportunidad y la inversión para ingresar al comercio online, según un estudio de Captura Consulting, publicado en Dinero, suplemento de economía y negocios de El Deber de 8 de diciembre de 2020.

El estudio advierte que la pandemia de Covid-19 ha llevado a la gente a adaptarse en todos los aspectos de la vida y en el sector empresarial ha generado una transformación mucho más segregada de las formas sobre cómo llegar al consumidor y entender al nuevo cliente digital. El marketing digital sigue expandiéndose con más publicidad, más seguidores de marcas y más influencers, que se diversifican y amplifican su audiencia.

El revolucionario acceso a internet no tiene retro. En la mayoría de los países de la región, estos cambios han tenido distintas velocidades y falta recorrer un largo camino en procura de la modernización del Estado boliviano. Para la elaboración de una adecuada agenda digital, primero debe conocerse el estado actual en que se encuentra Bolivia en la materia, para evaluar cuál es el grado de avance en torno a la cuarta revolución industrial. A partir de esta auditoría general, y conocer nuestras fortalezas y debilidades, se debe valorar el fortalecimiento y actualización de la normativa existente, así como la emisión de nuevas leyes que beneficien a la sociedad.

Una agenda digital atiende aspectos más allá de la implantación de tecnologías y digitalización, ya que sirve como plataforma de la cual nacen iniciativas públicas y/o privadas, para alcanzar metas establecidas y acordadas entre los actores, que van desde planes de gobierno electrónico hasta planes de conectividad e infraestructura, y por eso se convierte en una política pública y en un compromiso del sector privado.
     

Comentarios