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La noticia que colmó las primeras planas de los periódicos de hace algunos días fue la captura de dos jóvenes narcos bolivianos en Brasil con más de 480 kilos de cocaína proveniente de Bolivia. Un diputado por Unidad Demócrata denunció públicamente que Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo, uno de los detenidos, era hijo de la excandidata a subgobernadora de Beni por el partido oficialista, Movimiento Al Socialismo. Al día siguiente, el ministro de Gobierno no solo corroboró las denuncias del diputado, sino que reveló que el segundo aprehendido, Carlos Áñez Dorado, es sobrino de la senadora beniana por Unidad Demócrata Jeanine Áñez. En esa misma oportunidad se mostraron las relaciones familiares de ambos aprehendidos y de estos con la política.

Este escenario revela algunas realidades que no son únicas de la dinámica del narcotráfico en Bolivia, sino características de la región. Primero, hay que entender que estos jóvenes forman parte de una tercera generación de narcotraficantes que heredó el Beni después de la captura del ‘rey de la cocaína’ en 1988. Segundo, que estos denominados ‘clanes familiares’ presentan vínculos con cárteles de droga internacionales (en este caso con el Cártel de Cali) y que, como ocurre en todo lugar, buscan cooptar las instituciones. Es por eso que en este caso se ve que los miembros de este grupo están infiltrados en dos diferentes partidos políticos.

Este escenario muestra de manera evidente una acción común del crimen organizado relacionado al tráfico de drogas, y es que este busca infiltrarse a todo lugar donde quiere, y es ahí donde reside el error de politizar un tema que nos afecta tanto a los bolivianos, como es el narcotráfico. Hacerlo implica querer ignorar una realidad que abarca mucho más que el ámbito político, pues el narcotráfico se infiltra no solo en las instituciones del orden público –Policía, juzgados, Fiscalía, Fuerzas Armadas o partidos políticos–, sino también se infiltra tanto en barrios con carencias sociales y económicas como en las clases medias y altas de la sociedad, y hasta lo ha hecho en el sector privado, todo esto principalmente corrompiendo instituciones y a la ciudadanía.

Politizar la lucha contra el narcotráfico significa no tener la capacidad de ver la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos bolivianos para luchar contra este delito, que va en aumento no solo en Bolivia, sino a nivel regional. Politizar el narcotráfico implica privilegiar una pugna entre partidos por el poder político y no darle importancia a los modos en que realmente se puede hacer frente a este delito, o la manera de limitar que este delito se expanda y continúe penetrando en nuestra sociedad. 

Así pues, esta tarea depende no solo del Gobierno central, sino de todo el aparato estatal y también de todos los actores que de algún modo pueden verse vulnerables ante esta situación. Es una responsabilidad compartida que debemos asumirla todos como ciudadanos y como bolivianos.

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