Vastos territorios indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia han sido puestos en la mira de un supuesto Estado que pretende arrendarlos por un insólito período de mil años. Así lo revela una investigación periodística de EL DEBER, que destapa la existencia de convenios de arrendamiento que otorgan a los arrendatarios el goce de todos los derechos sobre el espacio aéreo y los recursos accesibles sobre o debajo del suelo de estos territorios.
El interesado en estas tierras es el autodenominado "Estados Unidos de Kailasa, una secta internacional que ha intentado establecerse en otros países como Ecuador y Paraguay. Recientemente, este grupo ha firmado convenios de cooperación bilateral y actas de consentimiento" con dirigentes indígenas bolivianos, poniendo en entredicho la soberanía territorial y la legalidad de estas transacciones.
EL DEBER tuvo acceso a documentos que involucran a comunidades indígenas como los baure y cayubaba, en Beni, y los esse ejja, en Pando. Además, se han identificado intentos de acercamiento con pueblos de tierras altas.
Uno de los acuerdos contemplaba el arrendamiento perpetuo de 60.000 hectáreas a cambio de un pago anual de 108.000 dólares. Otro documento hablaba de una concesión irrevocable de 31.000 hectáreas destinadas a la conservación de la biodiversidad, con un pago anual de 55.800 dólares. Un tercer convenio estipulaba el alquiler de 390.000 hectáreas por solo 28.107 dólares anuales. Todos estos documentos fueron firmados el año pasado.
Estas transacciones, además de sorprendentes e inverosímiles, desafían los límites constitucionales del Estado Plurinacional. La CPE otorga amplios derechos a los pueblos indígenas para administrar sus territorios ancestrales bajo sus propias normas y procedimientos. Sin embargo, cabe preguntarse si dicha autonomía incluye la facultad de ceder el control absoluto de sus tierras a perpetuidad a un grupo extranjero. Este grupo, que alega tener raíces indígenas vinculadas a la legendaria India, sostiene que su diáspora fue causada por desastres ecológicos y el colonialismo, lo que los habría llevado a buscar un nuevo hogar en armonía con la naturaleza.
Resulta irónico que la corriente indigenista, que durante décadas ha defendido con vehemencia la soberanía territorial de Bolivia, ahora se vea desvirtuada por la presencia de ciudadanos de un país ficticio que, aparentemente, pueden tomar posesión de la tierra con la sola firma de un documento de consentimiento. ¿Cómo lograron ingresar a Bolivia? ¿Por qué no se informó oportunamente sobre estos acuerdos de alto impacto? ¿Cuentan con la aprobación de la totalidad de los integrantes de las comunidades indígenas o son el resultado de negociaciones oscuras entre sus dirigentes? ¿Hay instancias gubernamentales involucradas? Estas son solo algunas de las interrogantes que deben ser aclaradas por las autoridades.
La falta de transparencia y la posible existencia de intereses ocultos quedan en evidencia con las amenazas recibidas por la periodista de EL DEBER, Silvana Vincenti, quien lideró la investigación. “Niña, te metiste con la nación equivocada. No sabes con quién te has metido”, le advirtió el dirigente indígena de la TCO Baure, Pedro Guasico.
Diferentes instituciones han condenado este ataque contra el periodismo independiente y la libertad de expresión, expresando su respaldo a nuestra colega. Desde este espacio, nos sumamos a ese apoyo y ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con la verdad y el servicio a nuestra comunidad. La transparencia y la defensa de la soberanía no pueden ser negociadas en la sombra.