Opinión

El nuevo enemigo

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24 de agosto de 2017, 4:00 AM
24 de agosto de 2017, 4:00 AM

En estos días, preocupa mucho la curiosa innovación que trae consigo el proyecto de reforma a la Ley Penal: la responsabilidad penal de las empresas. Allí se revela un afán de criminalizar a las empresas bolivianas, estableciendo penas draconianas, como su muerte civil (pérdida de su personería jurídica), multas impagables y el decomiso de sus bienes. 

Llama la atención que en Venezuela, desde que se promulgara la Ley Locdo, ya se aplicó la misma figura penal, exceptuando irónicamente al Estado y sus empresas; una clara intención de discriminar frente a la ley y de legalizar la impunidad, de la que ya ha gozado el Estado venezolano. Sin embargo, hay que razonar que una empresa no puede ser considerada sujeto activo de un delito, ya que contradice uno de los principios fundamentales de la dogmática jurídica penal societas delinquere non potest, porque no son seres humanos. El delito solo es posible con la acción u omisión de seres humanos, únicos capaces de tomar decisiones voluntarias. Por ello, las empresas no pueden ser sujetos activos de delitos, tampoco la naturaleza, los animales, los insectos y las cosas. Bajo esa premisa fue que los romanos corrigieron el mal concepto jurídico que tenían los antiguos persas y griegos, lo que quedó consolidado en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional: “Solo son responsables penalmente las personas naturales”, tal como lo expresa nuestra actual Constitución en su art. 110: “Serán responsables las personas naturales, no así los entes colectivos, por la lesión y vulneración de derechos”. 

De manera que esta reforma penal es fruto de esas curiosas ideologías populistas, donde el Estado no habla con sus ciudadanos, sino amenaza a sus enemigos (empresas). Consolida la errónea e injusta concepción de la Locdo venezolana, que dejó patente la peor contradicción e injusticia penal, en la que el Estado y sus empresas tenían licencia para cometer delitos, pero las empresas privadas eran castigadas por ese mismo Estado, que se declaró inmune ante sus propias leyes. 

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