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27 de octubre de 2017, 4:00 AM
27 de octubre de 2017, 4:00 AM

Bruselas. Mientras escucho hablar a expertos latinoamericanos de diferente formación profesional - soy la única periodista del grupo-, invitados para compartir con expertos de la Unión Europea, sobre los resultados de la lucha contra la corrupción en sus respectivos países, compruebo una vez más lo mucho que Bolivia ha retrocedido en la última década.

Los representantes del equipo brasileño del ‘Lava jato’ señalan que fue posible investigar porque, desde la etapa democrática, la prensa goza de libertad plena, los organismos de control son independientes del Poder Ejecutivo y el Parlamento aprobó una batería de leyes que favorecen la delación de delitos y su sanción oportuna. El esquema corruptor dentro del Partido de los Trabajadores fue desvelado por esas condiciones.

Son varios años de indagación a empresas constructoras, señaladas como las de mayor capacidad para pagar sobornos. La cooperación internacional fue muy importante para detectar los activos de las redes corruptas. Bolivia no envió un experto suplicatorio para pedir información, como han hecho ya decenas de gobiernos relacionados con Odebrecht y OAS.

La prensa fue la primera en denunciar el esquema ‘kirchnerista’ por otorgar obras a empresas de militantes afines o de amigos para crear una amplia estructura mafiosa. En cambio, en Ecuador, recién se destapa la profundidad de las corruptelas en los altos niveles oficiales durante dos lustros. 

Varias exposiciones desvelaron la complicidad silenciosa de los bancos, que permiten transacciones sospechosas; la actitud de empresas de vehículos o inmobiliarias, que venden -sin dudar- a personas que financian su compra con un dinero evidentemente oscuro; el acompañamiento de muchos en derrochadoras fiestas, organizadas por misteriosos nuevos ricos.

Uruguay tiene una sólida tradición republicana. El vicepresidente no pudo soportar la condena moral por haber mentido sobre su título profesional. En Perú, más de 500 exfuncionarios fueron y son procesados por faltas cometidas.

En el contexto regional, la llegada del socialismo del siglo XXI, del llamado ‘antiimperialismo’, mostró que los ‘nuevos’ políticos son peores que los tradicionales. Más ambiciosos y más groseros y creen que su ‘super-poder’ los dejará impunes.

Sin embargo, en Bolivia el contexto parece más oscuro, por la falta de instancias independientes en la justicia nacional. ¿Será este el ocaso de la Alba?

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