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El pacto fiscal estratégico en 2021

Darío Monasterio 6/1/2021 05:00

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En momentos de mucha incertidumbre mundial por el rebrote de la pandemia del Covid-19, en las próximas elecciones de autoridades territoriales (departamentales, regionales y municipales), la planificación de escenarios futuros nos debe llevar a retomar el debate de las propuestas de cuál es la mejor forma de gestionar nuestros recursos escasos en los territorios departamentales, regionales, mancomunidades, regiones metropolitanas y municipios con sus áreas urbanas y rurales.

La profundización de las autonomías retoma la idea de la transformación territorial que se inició hace décadas con la lucha por las regalías y luego, con la Participación Popular. El régimen económico financiero vigente que financia las autonomías, que data de hace 26 años, ha provocado enormes asimetrías o desigualdades entre departamentos y municipios, tanto en la cantidad de recursos que se transfieren a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) así como en el esfuerzo fiscal, desigual, de recaudación de recursos propios; lo que ha hecho más dependientes a los Gobiernos Autónomos Departamentales y a la mayoría de los Gobiernos Autónomos Municipales de las transferencias de recursos del Gobierno central del Estado; sometiendo a las ETA a una suerte de tutelaje de las autonomías por parte del centralismo que ha caracterizado a los gobiernos del MAS. Por todo lo anterior, se hace imperativo un pacto fiscal.

El poder económico, social y político debe volcarse a las regiones y municipios. Los gobiernos municipales y las gobernaciones son centrales para construir una economía diversificada, sobre la base de nuestro potencial productivo, creatividad, patrimonio histórico-cultural y natural.

Las autonomías efectivas y la gestión territorial implican la planificación para lograr el bienestar y la transformación de nuestras ciudades, municipios, mancomunidades y regiones (metropolitanas) en este periodo de transición hacia el bono demográfico (2030), atendiendo a la salud de los ecosistemas que nos dan calidad de vida: agua, aire, alimentos, estabilidad climática, entre otros. Debemos avanzar hacia una democracia deliberativa, en base a una participación activa de la ciudadanía, donde nuestros jóvenes son los actores centrales de estos nuevos espacios de gobernanza territorial.

La nueva propuesta de pacto fiscal debe poseer un carácter participativo y deliberativo; y debe basarse en los siguientes ejes estratégicos:

Salud y educación. Se debe garantizar a cada persona: un “paquete obligatorio”. En salud, que conste de servicios, hospitalización, insumos y medicamentos, financiados con porcentajes mínimos obligatorios de los recursos de las ETA (tributos propios y/o transferencias), copagos de los usuarios en función de su nivel de pobreza y transferencias adicionales del gobierno central destinadas exclusivamente a este fin. Educación escolar: inicial, primaria y secundaria, financiada con porcentajes mínimos obligatorios de los recursos de los gobiernos territoriales y transferencias adicionales del gobierno central destinadas a garantizar mínimos iguales en todo el país.

Coparticipación Tributaria y Transferencia de Dominios a Gobernaciones Departamentales. Coparticipación de los Impuestos Nacionales para distribuirse a los departamentos en proporción a su población. Por otra parte, transferencia a los gobiernos departamentales de la recaudación del Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a los Juegos de Azar y a la participación en juegos.

Contribuciones especiales. Se debe incluir en los esfuerzos tributarios territoriales a las contribuciones especiales, instaurando un sistema de valorización y monetización de aquellas realizadas en especie. Pueden ser cobradas “en dinero, prestaciones personales o en especie, para la realización de obras públicas comunitarias” (LMAD).

Ajuste del presupuesto. Reasignando los recursos del gobierno central que han sido usurpados a las ETA, para un funcionamiento más eficiente del Estado y más próximo a la población (léase programa “Bolivia cambia, Evo cumple”).

Financiamiento internacional. Se deben levantar todas las restricciones para el acceso de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) al financiamiento internacional para proyectos de desarrollo (no deuda) con la sola garantía del Estado departamental y/o municipal.

Fondo de Reserva Nacional. Descentralizado con recursos provenientes de recaudaciones de impuestos adicionales con precios superiores a un promedio de las materias primas para época de “vacas flacas”.

No volvamos a repetir los errores de las últimas elecciones, en las que las propuestas pasaron desapercibidas por las consignas y mucho más aún ahora cuando la crisis económica y la pandemia nos exigen repensar el futuro de la manera más planificada posible.



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