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Cada noche que se conoce el informe oficial, Bolivia alcanza un nuevo pico de casos de contagio de Covid-19 y en esas condiciones si alguien cree que el 6 de septiembre los ciudadanos irán a las urnas para elegir al nuevo presidente de los próximos cinco años, es que no está viviendo en el país, o por lo menos si lo hace, vive de espaldas a una dramática realidad de estos días.

La única ‘agenda’ de los ciudadanos en estas semanas es la preocupación por evitar contraer el virus y la angustia por salvar sus vidas en los casos que día a día dan positivo, ahora en un promedio cercano a las 2.000 personas por día.
¿En serio alguien piensa que en esas condiciones Bolivia puede tener elecciones dentro de 49 días? 

Es tiempo de que el tema salga del ocioso debate político con una definición que esta misma semana debiera tomar el Tribunal Supremo Electoral, del que se sabe poco de lo que hace y ‘brilla’ más por lo que no hace, para que el país se concentre exclusivamente en la prevención y la atención de las víctimas de la pandemia. 

Sobran los motivos para la postergación: a la ya citada preocupación de los ciudadanos, hay que sumar los riesgos que implicaría un proceso proselitista y la jornada misma de elección, donde por más que digan que se tomarán medidas de bioseguridad, igual se producirán aglomeraciones. ¿No las hemos visto ya estos días con motivo de la inscripción en el padrón electoral de los jóvenes de 18 años en todas las ciudades?

¿Pensará el Tribunal Electoral que algún ciudadano estará dispuesto a ser jurado electoral, que implica sentarse ocho horas fuera de su domicilio con sus colegas de mesa para atender una larga fila de votantes sabiendo que cualquier de ellos podría llevar el virus en el cuerpo y transmitirle por más barbijo o máscara que lleve?

No es posible hacer elecciones el 6 de septiembre, aceptémoslo de una vez más allá de la conveniencia y el cálculo de unos partidos que creen que este es su momento para ganar y de otros que proponen postergarlos no porque les preocupe la salud de los bolivianos, sino porque sus posibilidades para alcanzar una buena votación no les son favorables en estos días.

Si un debate debiera instaurarse en el país, probablemente debiera ser la consideración de dejar sin efecto la convocatoria actual a elecciones y formular un nuevo proceso, comenzando desde cero, en consideración a que el país ha cambiado los actores protagónicos -los candidatos- han sufrido los efectos de la pandemia y los partidos probablemente necesitan hacer ajustes en sus listas.
En un nuevo proceso electoral, lo más sensato, para no jugar con la expectativa de los electores, sería dejar abierta la fecha para que el Tribunal Supremo Electoral la fije cuando el retroceso de la pandemia permita hacer una estimación razonable del día para acudir a las urnas.

El TSE tiene que actuar, y pronto, en uso de sus atribuciones, no tiene que consultarle todo a la Asamblea Plurinacional, como lo viene haciendo. Y demostrar más dinamismo y agilidad en sus decisiones. Ya prácticamente todos los partidos han expresado su disposición a mover la fecha de las elecciones. Saquemos de la agenda del país el asunto electoral, que no es prioridad para los ciudadanos, y por tanto no tiene que serlo tampoco para sus instituciones.

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