El Deber logo
5 de diciembre de 2022, 4:00 AM
5 de diciembre de 2022, 4:00 AM


El pueblo cruceño ha ganado (con el paro indefinido) no solo el censo y la aplicación de sus resultados en las elecciones generales 2025, sino también revisar su relación política con el Estado nacional. No es la primera vez que se hace este tipo de planteamiento. Lo evidente es que Santa Cruz ha pasado de ser la poderosa locomotora que lidera la economía, a convertirse en el epicentro político nacional. 

En realidad, Santa Cruz hace tiempo exige cambios en la estructura organizativa del Estado (o lo que queda del Estado fallido), que permitan democratizar el sistema político y, sobre todo, brindar a las regiones la posibilidad de autogobernarse en todo sentido. La autonomía en general buscaba la distribución del poder político y reconoció distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora. 

El Gobierno central ha buscado, no obstante, asfixiar y vaciar de contenido el proceso autonómico, al extremo que el centralismo sigue gozando de muy buena salud. El Gobierno nacional enarbola la autonomía, pero practica el centralismo -puro y duro- y las entidades territoriales se hacen las autónomas y parecen cómodas con la simple elección de autoridades y delegación de competencias sin recursos económicos, y en estas condiciones no se puede democratizar el ejercicio del poder político. 

El gobierno del MAS (Evo Morales y Lucho Arce) no se ha caracterizado por compartir el poder y muchos de los recursos que tenían asignados los gobiernos departamentales, y municipales, han sido sencillamente confiscados por el gobierno central. En otros casos, el ejecutivo nacional se ha visto en la necesidad de delegar ciertas competencias, pero sin el acompañamiento de los recursos económicos. 

En la revisión de la relación del departamento con el Estado, según el mandato del multitudinario cabildo, hay que analizar y evaluar el estado del proceso autonómico, sus debilidades, fortalezas, y cuánto se avanzó en estos 13 años de experimento descentralizador. El mayor desafío sigue siendo teorizar cómo liquidar el viejo esquema centralista que no termina de morir y cómo avanzar en el modelo autonómico que no termina (porque no lo dejan desde La Paz) arrancar y cambiar. 

El equipo multidisciplinario cívico debe convocar y escuchar a las instituciones, explorar opciones, realizar consultas no solo en el centro capitalino, sino también en las provincias y llevar a cabo consultas y debates, que deben terminar reconduciendo y fortaleciendo el proceso autonómico o, en su caso, planteando otras opciones políticas.

 Los 36 días y medios de paro indefinido deben servir para garantizar (como resultado final) no solo el censo y la aplicación de sus resultados en las elecciones generales de 2025, sino también repensar el Estado plurinacional fallido existente.

La ciudadanía cruceña tiene clarísimo un conjunto de principios y valores sobre los que debe asentarse la democracia moderna de nuestro país. En el fondo se trata de democratizar la democracia, que se respeten los principios republicanos: la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión. En fin, la tolerancia política, el consenso, el diálogo, el debate democrático, son imprescindibles para una verdadera convivencia pacífica.

El pueblo cruceño ha vuelto a liderar este movimiento ciudadano, muy parecido a las protestas de octubre-noviembre de 2019, cuando Evo Morales y Álvaro García Linera intentaron burlarse de la voluntad popular y terminaron renunciando y huyendo del país. Las formas de estas protestas contrastan con las viejas movilizaciones y huelgas (salvajes) de los trabajadores. La diferencia es que las viejas movilizaciones siempre fueron por reivindicaciones sociales o económicas, pero nunca se había enarbolado la defensa de los valores y principios democráticos, menos repensar el Estado plurinacional. 

La ciudadanía tiene que seguir firme, vigilante, exigente y tener la capacidad de ejercer un control social riguroso a todo el proceso censal. El Gobierno no quería censo, redistribución de escaños, menos coparticipación económica, y buscará por todos los medios torpedear los compromisos adquiridos y el cumplimiento de la ley. Las masivas movilizaciones cruceñas, representan una oportunidad y un compromiso de que se puede cambiar Bolivia y diseñar un futuro diferente.