Escucha esta nota aquí


Han pasado ocho días desde que un grupo irregular armado y encapuchado emboscó a un grupo de siete periodistas que llegaron hasta Las Londras con la única misión de hacer una cobertura noticiosa y recoger la voz de los ocupantes de aquellas tierras, y paradójicamente fueron ellos quienes emboscaron a los trabajadores de la prensa, los interrogaron, los golpearon, les dijeron que los iban a quemar vivos y los secuestraron por siete horas de terror.

Técnicamente aquí y en cualquier lugar del mundo eso se llama tortura: los periodistas cruceños, uno de ellos de EL DEBER, fueron torturados en Las Londras, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, porque les provocaron sufrimientos físicos y sicológicos intensos con castigos y amenazas de muerte a fin de hacerles “confesar” quién los envió, quién les pagaba, y les destrozaron sus equipos para que no queden evidencias de aquel inaudito atropello.

Hay que ponerse en el lugar de esos siete periodistas para intentar comprender lo que sintieron en aquellas horas eternas, situarse en sus pensamientos concentrados seguramente en sus hijos, padres y hermanos, porque la mayoría de ellos creyó que no volverían a verlos nunca más y temían que no saldrían con vida de allí.

En cualquier país que respete su democracia, que defienda rabiosamente el periodismo como una garantía de la vigencia de los derechos ciudadanos y democráticos, el Gobierno hubiese actuado con urgencia, determinación y sin contemplaciones al día siguiente de los inaceptables abusos.

Es más, el mismo Gobierno de Luis Arce hubiera movilizado fuerzas de élite de la Policía y de las Fuerzas Armadas el mismo día de los hechos, si el grupo irregular armado fuera desconocido o “de la derecha”; al día siguiente no quedaría nadie suelto y quizá algunos de ellos hubieran terminado muertos por la acción armada de las fuerzas oficiales del Estado boliviano.

Pero para desgracia de los periodistas y del país, los emboscadores armados son aliados políticos del gobernante Movimiento al Socialismo, quien sabe incluso si su existencia era conocida por el partido de Evo Morales, que hace un año y medio planeaba públicamente en Buenos Aires crear milicias armadas que lo defiendan, como en Venezuela.

No fue “altercado”, como dijo el comandante de la Policía, Johnny Aguilera, porque allí no hubo enfrentamiento; no fue solo “un susto”, como dijo al día siguiente uno de los secuestradores en declaraciones a un medio de comunicación. No señores, fue secuestro y tortura. Fue la acción de un grupo irregular armado no reconocido por la Constitución boliviana.

El país no necesita más encubrimiento a actos delictivos como el cometido por ese grupo armado en Las Londras, no necesita más shows de la Policía Nacional como lo hizo dos días después del secuestro con un desplazamiento de 204 efectivos que llegaron al lugar para hacer nada y solo tomarse fotos y grabar videos para la prensa.

Es inconcebible que lejos de hacer justicia, las autoridades del Gobierno con ayuda de la Fiscalía encubran, como lo hacen los padrinos, a los autores de un hecho delictivo que se penaliza con detención inmediata, proceso y cárcel. El periodismo boliviano exige justicia. Y pronto.

Si el Gobierno de Luis Arce no es capaz de dar garantías al trabajo periodístico y no hace justicia ocho días después de los hechos, es que la democracia está en peligro en Bolivia, y si está en peligro, lo está para todos los habitantes del país, no solo para el trabajo de los periodistas y medios de comunicación.

Comentarios