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Ya en el último mes del año, quienes desarrollamos alguna actividad económica iniciamos un proceso de revisión de la gestión que concluye a fin de tomar todas las previsiones necesarias para la buena culminación del periodo. Entre otras cosas debemos revisar la liquidez, la cartera, las ventas, el rendimiento, el suministro, los procesos, etc, con la finalidad de que podamos cumplir con nuestras obligaciones financieras, laborales y fiscales. Esto sería muy complejo si en vez de concentrarnos en administrar recursos tendríamos que dedicar gran parte del tiempo a enrolarnos en conflictos con los empleados, clientes o proveedores.

Lamentablemente en nuestro país se vive un continuo conflicto, una crisis política y social sin fin, que nos sumerge en subdesarrollo permanente sin posibilidades de crecer más allá de lo que nos llevan ocasionalmente los precios de las materias primas de origen extractivo. Solo para referenciar los datos del presente siglo, en los últimos veinte años no hemos logrado superar, ser el país más pobre de Sudamérica, el de menor ingreso per cápita, el de menor exportación y el que menos inversión capta. Creo que el problema está en la ausencia de integración y conjunción de intereses de las regiones, organizaciones sociales y sectores económicos, lo que es peor aún, desde el mismo Gobierno y la oposición se promueve y exacerban las diferencias, cuando lo mínimo indispensable es la unidad y el consenso.

Veamos el caso del Plan de Desarrollo plurianual (PDES) que mantiene en conflicto al Gobierno central con los gobiernos subnacionales y las universidades públicas. Del análisis se deduce que la consigna del plan aprobado con la Ley 1407 más que el desarrollo de la economía y la sociedad, pretende mayor concentración del poder tanto en la asignación de los recursos que generan las propias regiones como de la gestión pública que deberían ejecutar sus autoridades territoriales; el Estado centralista sigue manejando el 85% de los ingresos públicos, dejando para los gobiernos autónomos solo el 15%, lo que inviabiliza cualquier posibilidad de planificación del desarrollo desde lo regional. De igual manera el plan confronta a las autonomías al no permitir la determinación de lo que consideren prioritario para su desarrollo, y no están dispuestas a que sea el Gobierno omnipresente quien define qué es bueno o malo para ellas.

En el caso concreto del departamento de Santa Cruz la planificación territorial estaría sobrepuesta por el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI) y los Planes Estratégicos Ministeriales (PDEM) a cargo de los ministerios del área económica, por lo que los departamentos, municipios y territorios indígenas deben elaborar sus Planes de Desarrollo Territorial Integral para Vivir Bien (PDTI) en concordancia con lo definido como objetivos, metas y planes de acciones establecidos desde el centralismo. Entonces qué clase de autonomía es aquella a la que le confiscan los recursos que generan sus propias regiones y encima se le coartan su capacidad de decidir qué hacer con ellos.

Claramente el plan no responde a la visión del departamento de Santa Cruz y la de varios otros departamentos y municipios del país. No menciona el desarrollo agropecuario a través de la biotecnología, no refiere de manera concreta la necesidad de invertir y ejecutar un plan de limpieza y dragado del Canal Tamengo, tampoco hay un compromiso con la ejecución de Puerto Busch y su conexión ferroviaria-carretera, no se visualiza un plan de desarrollo agropecuario del oriente con seguridad jurídica y promoción de la inversión a gran escala.

El plan concentra la inversión pública en grandes empresas de bienes estratégicos que deben sustituir importaciones, como el biodiésel, la química básica, fertilizantes, vidrio, laboratorios de medicamentos, la hoja de coca y hasta aglomerados y multilaminados, aumentando el cementerio de elefantes, muertos o agonizantes por el cáncer de la corrupción y la pésima gestión pública: Papelbol, San Buenaventura, Lacteosbol, Karachipampa, etc.

Nuestra visión considera que el rol esencial del Estado es el desarrollo de la infraestructura logística, el saneamiento básico, la educación, la salud, la investigación tecnológica y la sana regulación de los sectores transversales (energía, comunicación, transporte, banca y seguros, minería, agricultura y otros), la política exterior desideologizada, esto sin perder el control en las corporaciones vinculadas a explotación de recursos naturales que generan bienes transversales para todos los sectores productivos.

Otro generador de conflicto es el presupuesto del plan plurianual (PDES) que proyecta una inversión programada en cinco años de poco más de 33.000 millones de dólares, que equivale a 6.600 millones de dólares por año, lo que implica incrementar en más del 50% el promedio de la inversión pública de los tres últimos años hasta 2019. En el actual proyecto de presupuesto para el 2022 de 33.700 millones de dólares, en conjunto las entidades autónomas del país solo recibirán menos del 13%, con lo que no es posible hacer mucho, más aún en perenne conflicto.

Antonio Rocha Gallardo es Presidente de CNDA


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