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El Presupuesto General del Estado entre líneas

Antonio Rocha 29/12/2020 05:00

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Aprobado el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 en la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgado por el Presidente del Estado en previsión a su inmediata ejecución, debemos leer los mensajes entre líneas que encierra tan importante Ley Financial. Más allá de las cifras, el PGE constituye el más importante instrumento de la política fiscal del país e involucra en gran parte aspectos de política económica y social como la inversión pública, el endeudamiento externo, los subsidios y subvenciones entre otros.

El Presupuesto ajustado de cerca de 33 mil millones de dólares proyecta una recuperación económica del 4,8% para el 2021 que compensa en menos de la mitad la caída de más del 10% prevista para este año que culmina en pocos días, esta recuperación se sustenta en la inversión pública y el consumo interno, pilares del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp) propuesto por el presidente Luis Arce en su plan de gobierno votado por el 55% de los bolivianos que lo eligieron presidente con mayoría absoluta en primera vuelta en el mes de octubre próximo pasado.

El Presupuesto refleja fielmente lo que se espera de un gobierno socialista, un fuerte predominio del Estado no solo en el ámbito regulador de la economía, sino como actor esencial en la generación de producción y empleo en sectores estratégicos claves como minería, hidrocarburos, energía, comunicación y otros, asignando mayor inversión en sectores controlados por las empresas estratégicas del Estado y mayor presupuesto de gastos para la reactivación de otras empresas públicas en sectores no extractivos como la Planta de urea, Papelbol, Emapa, Insumos Bolivia y muchas otras. En total se destinará más de 4 mil millones de dólares a la inversión pública directa, que representan más del 12% del total del PGE

Por el lado del consumo interno, en la búsqueda de una rápida reactivación junto con el empleo, de forma casi simultánea a la aprobación del PGE se crearon dos fideicomisos de más de 130 millones de dólares para financiar la micro y pequeña empresa con tasas de interés preferentes, dicho financiamiento incluye también a las empresas públicas. De igual forma se asignan en el PGE más de 6 mil millones de bolivianos en los bonos y subsidios ya vigentes, y es previsible que se incremente el ingreso de la población con trabajo formal a través del incremento salarial que se aprueba en el mes de abril y mayo con efecto retroactivo en beneficio del trabajador, el otro actor esencial de la política social del Gobierno.

Una destacable decisión ha sido el incremento del presupuesto de los sectores públicos de salud y educación que acumulan más del 20% del total del PGE, recursos indispensables para atender la emergencia sanitaria y las nuevas exigencias de la educación virtual, sin embargo se observa que las partidas incrementadas corresponden a las compras estatales y las administradas desde el nivel central del Estado y no así a mayores asignaciones a las gobernaciones y municipios, lo que evoca al socialismo en su esencia, una planificación centralizada con el control casi absoluto del gasto público. Este será un aspecto ampliamente debatido en muchos ámbitos durante los siguientes años, con los gobiernos sub nacionales buscando mayor participación sobre la administración de los ingresos y el gobierno central tratando de no ceder más recursos a los gobiernos autónomos departamentales.

El otro mensaje importante resultante de la naturaleza misma del modelo, es que el Estado debe fortalecer su rol de mayor empleador de la economía y por tanto debe ser agrandado no solo en su administración central, sino en las empresas estatales dependientes de los ministerios, que se supone deben administrarse con autonomía de gestión y bajo las mismas reglas del mercado donde las restantes empresas privadas compiten. El mayor riesgo en este propósito es la excesiva burocracia estatal y la sobrerregulación de ciertas actividades económicas que tiende a incrementar el déficit público y restarle eficiencia al sector productivo y comercial que se ve amenazado por la competencia desleal del contrabando y la informalidad.

Sobre la previsión de ingresos corrientes, ayudará la sostenida recuperación económica global que se espera para el 2021, manteniendo estable la previsión de precios del barril de petróleo y en consecuencia el precio del gas natural, siendo aún preocupante la prevista reducción de los ingresos tributarios en un 22% a pesar del incremento de la carga tributaria con el nuevo impuesto a las grandes fortunas. En este ámbito, y como era previsible gran parte de los ingresos estarán cifrados en el endeudamiento externo e interno que equivale a más del 45% de los ingresos previstos en el PGE, situación que se respalda en el razonable índice de endeudamiento que aun sostiene el país en función a su producto interno bruto.

Respecto al equilibrio de la balanza de pagos, pesará aún más el previsible déficit comercial que tendremos en los siguientes años, producto de las restricciones nuevamente impuestas a las exportaciones no tradicionales, situación que se espera sea compensada con los ingresos por las exportaciones de hidrocarburos y minerales en manos del Estado, una situación poco probable. En resumen, es un presupuesto basado en expectativas razonables que todos esperamos se cumplan.

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