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25 de octubre de 2017, 4:00 AM
25 de octubre de 2017, 4:00 AM

“Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal solo podrá ser restringida en los límites de la ley. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley” – Art. 23.I y III, Constitución Política del Estado. Consiguientemente y para el cumplimiento de dichas normas, es imperioso que “Cualquier sanción deba fundarse en una ley anterior al hecho punible”, es el “Principio de Legalidad” prevenido en el Art. 116.II, C.P.E y el Art. 4, del Código Penal. Consecuentemente, cuando policías, fiscales y jueces, pretendan recluir a un ciudadano en la cárcel por determinada conducta, la misma, previo a suscitarse, debería estar prescrita en la ley como delito; si ello no es así, deben abstenerse de su procesamiento penal. Ello, según el adagio popular que dice “Todo lo que no me está prohibido me está permitido”.

Dicho esto y con el afán de constatar si dicho “principio de legalidad” es cumplido por nuestros administradores de justicia (policías, fiscales y jueces) analizaremos el procesamiento penal de Fabio Andrade Lima Lobo, así como del enfermero Grover M.C. por el acto de necrofilia (sostener relaciones sexuales con un cadáver).

 Contra Fabio Andrade Lima Lobo, la Policía y la Fiscalía le atribuyeron el hecho de pilotar una avioneta en una pista clandestina, en poder de armamento pesado, con dos kilos de una sustancia blanquecina, e intentar darse a la fuga, por lo que se lo acusó por el delito de “tentativa de tráfico de sustancias controladas”; de esta manera y a pesar de que sí es perceptible que Fabio Andrade Lima Lobo no estaba en buen camino, tenemos que el tribunal que lo juzgó, falló declarándolo inocente, fundado en la inexistencia del delito de tentativa de sustancias controladas, toda vez que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia mediante A.S. # 369/15 del 12/06/15, así lo dispuso; además de que el informe pericial concluyó que la aeronave del acusado no contenía drogas; y, que los dos kilos de bicarbonato no se constituyen en droga penada por ley. 

Por otro lado y con referencia a las armas secuestradas al acusado en 2012, dicho hecho a esa fecha no se constituía en delito, prueba de ello es que la “Ley #400 de Control de Armas de Fuego y otros”, solo entró en vigencia el 18/09/13, no pudiendo la ley alcanzar al acusado, ya que la garantía constitucional del Art. 123 de la Constitución, dispone que: “La ley penal no retrotrae para penalizar”. 

Ahora bien y con relación al caso del nombrado enfermero, Grover M.C. el mismo jamás podría ser procesado penalmente y mucho menos detenido en la cárcel y como le ha sucedido, debido a que el Art. 17 del Código Penal ordena la “exención de pena a los enfermos mentales al momento del hecho criminal” y la ‘necrofilia’ clínicamente se constituye en una perturbación mental, cuyo manejo corresponde a la sicología, ahí el fundamento legal por el que un enfermo mental jamás debe ser encarcelado sino tratado médicamente; véase que la persona a pesar de cumplir la pena, en libertad seguirá actuando de la misma manera porque solo así siente placer sexual (parafilia).

Concluyentemente podemos afirmar que en el primer caso sí se cumplió con el “principio de legalidad” toda vez que el tribunal que lo juzgó, dictaminó su inocencia. Ya en el segundo caso, no debido a que un enfermo mental está aprehendido (extremo que muestra a la justicia boliviana como atropelladora de derechos humanos) y aparentemente esperan que el tribunal en juicio determine que el enfermo mental pase a una clínica. En todo caso, es imperioso que los administradores de justicia eviten actuar bajo presiones sociales o de otra índole, y se apeguen al “principio de legalidad”.

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