El problema medular es la justicia envilecida
La grave crisis económica que afecta a Bolivia es el resultado de una pésima y corrupta administración del Estado durante largos años de gobierno del Movimiento al Socialismo. En 18 años saquearon y dilapidaron los recursos naturales, incendiaron los bosques y contaminaron los ríos y el medio ambiente; asaltaron las arcas del estado, se apropiaron de las reservas de divisas y oro del Banco Central de Bolivia que con responsabilidad y prudencia preservaron los gobiernos que les precedieron, llamados neoliberales. Para consumar estos ilícitos cooptaron el Poder Judicial y el Ministerio Público, quebrantaron la independencia de poderes, anularon a la oposición legislativa y así destruyeron los pilares de la democracia y del estado de derecho.
Su escaso conocimiento, formación, valores y civismo; además de su disposición a lo ilegal, los agrupó en el movimiento político denominado MAS, que a su vez se insertó cómodamente en el proyecto foráneo del Socialismo del siglo XXI, ambos con objetivos, habilidades y capacidades similares.
En el entendido que las dictaduras devenidas de golpes militares fueron censuradas en el pasado por la comunidad internacional, había que buscar otro mecanismo para asirse del poder, entonces nada mejor que un gobierno elegido en democracia, para luego tornarse en dictadura y perpetuarse en el poder rehuyendo el escrutinio internacional arropándose en un supuesto origen democrático. Al parecer este tipo de dictaduras no incomoda mucho a la comunidad internacional que las mira de soslayo, las tolera y hasta convive con ellas; al final de cuentas no es la comunidad internacional en abstracto, la que sufre los rigores de estos regímenes, sino el pueblo de aquel país que ha sido secuestrado y sometido a un régimen totalitario.
Estas dictaduras devenidas de las urnas tienen en el poder judicial el instrumento más eficaz para gobernar con impunidad. Magistrados, jueces y fiscales venales manipulan la justicia y aplican la persecución judicial y la cárcel contra los opositores políticos y contra todo aquel que disiente.
Protegidos en esa justicia corrompida los gobiernos masistas han gobernado despojando y malversando los recursos del estado y corrompiendo a la burocracia; han hecho de la prebenda el incentivo para captar lealtades, han aumentado los espacios laborales en la administración pública para dar cabida a centenares de ineptos y fortalecer sus grupos de choque; han construido infraestructura de pacotilla y abierto empresas estatales deficitarias, han despilfarrado dinero y bienes en privilegios para sus jerarcas y en aportes a su proyecto político; han sido corruptos y han silenciado a sus acusadores, incluso en algunos casos han provocado sus muertes; han atemperado las voces de la oposición acusándolos falsamente y encarcelándolos. Han vulnerado la Constitución cuantas veces han querido, han infringido las leyes casi en su generalidad vulnerando los bienes jurídicos que el Estado debe proteger y que la dictadura viola día tras día desde todos los espacios que controla, poder judicial, ministerio público, poder ejecutivo, poder legislativo y electoral. En fin, ¡lo han envilecido todo!
Dieciocho años han gobernado malversando munidos de un Poder Judicial cómplice, secuestrado moral y éticamente por el ejecutivo. ¿Entonces cuál es el problema medular? ¿Cuál es la raíz del árbol envenenado? La respuesta indubitable señala como responsable al envilecido poder judicial que aplica la justicia disolutamente y deja en impunidad al que delinque.
No es solamente el modelo económico el que inhibe la inversión extranjera y nacional, es la inseguridad jurídica la que la ahuyenta. El miedo de los inversores es la falta de garantías y esa pirámide de leyes que no se cumplen; miedo a la extorsión judicial, a la orfandad frente a un sistema judicial y de garantías, que en general no existe en Bolivia.
Si no hay inversión para activar el aparato productivo, si saquearon el Banco Central, si no hay oro, dólares, ni gas, ni gasolina y pronto no habrá medicamentos ni alimentos ¿por qué los funcionarios públicos que asaltaron las arcas del estado no han sido castigados y más bien continúan robando en total impunidad? ¿Por qué esta aberrante situación? ¿Es falla del modelo económico? ¡No! El problema es la malograda justicia en manos de un poder judicial corrupto e inepto que va a terminar con Bolivia. En una verdadera democracia la justicia es impartida por un poder judicial probo e independiente, solo de esa manera es disuasiva de la corrupción y del crimen en su generalidad.
