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OPINIÓN

"El proceso del terror"

William Herrera Áñez 17/2/2020 03:00

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Con este título se publicó el año 2014 nuestro libro en donde constatamos que las fuerzas de seguridad del Estado boliviano el 16 de abril de 2009, ejecutaron en el Hotel Las Américas de Santa Cruz a Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyorosi y Michael Martín Dwyer y procesaron a 39 personas inocentes. 

La responsabilidad penal de toda esta cacería humana se debe atribuir a Evo Morales (aunque no hubiera dado la orden o ahora diga “yo no fui”), Álvaro García Linera, Alfredo Rada, Viceministros, ex comandante de la Policía, ex jefe de inteligencia hasta llegar al ejecutor del operativo, salvo los uniformados que obedecieron órdenes. También hay que incluir al “gabinete jurídico” y algunos otros civiles, aunque no se hayan ensuciado las manos.

El Código Penal boliviano (art. 20), prevé que son autores del delito no sólo quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación sino también los que dolosamente se sirven de otro u otros como instrumentos para la consumación del hecho criminal. En este segundo caso, el hombre de atrás es el “único causante del delito” al que puede imputársele como propio, puesto que el instrumento, pese a hallarse más próximo a la consumación, no puede disputarle la pertenencia del mismo.

La autoría mediata se caracteriza por la realización de un tipo de autoría, a través de otra persona, conocida tradicionalmente como “instrumento”; es decir, autor mediato es el que comete un delito sirviéndose para la ejecución de la acción típica de otra persona o grupo de personas. El precursor de esta teoría, Claus Roxin, la denominó “autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados”, y busca combatir la macrocriminalidad y los crímenes que se cometen desde el Estado, grupos mafiosos o subversivos.

El autor mediato es, en efecto, el que utiliza la actuación de otra persona para alcanzar su objetivo delictivo. Se trata, por tanto, de una forma especial de autoría en la que el agente realiza el hecho punible valiéndose de la persona interpuesta, por lo que debe hacérsele acreedor de las consecuencias penales que correspondan a dicha conducta ilícita.

Con base en esta teoría se condenó al alemán Adolf Eichamann, funcionario nazi que fue encontrado responsable del asesinato de miembros de la comunidad judía, aun cuando no participó directamente en el hecho delictivo. 

Y a los cabecillas de las Juntas Militares Argentinas, que gobernaron el país desde 1976 hasta 1983. En el Perú se condenó a Abimael Guzmán y otros, por el asesinato de 69 pobladores de la localidad de Lucanamarca el año 1983, y si bien no estuvieron presentes en el momento de las ejecuciones, su responsabilidad radica en el hecho de haber ordenado la muerte, desde la posición de mando de la Dirección Central de Sendero Luminoso.

Toda esta doctrina de la autoría mediata se ha visto enriquecida con la sentencia en contra de Alberto Fujimori de 7 de abril de 2009 de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú, quien fue condenado a una pena de 25 años de privación de libertad. Tal como ocurría con Evo Morales, Fujimori concentró en su persona todo el poder político y ejerció directamente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de las Agencias Secretas e Inteligencia y Policía el control militar sobre las instituciones estatales.

Aunque lejos de la precisión alemana y la celeridad de la justicia peruana, en Bolivia se condenó a Luis García Meza Tejada, Luis Arce Gómez y varios de sus inmediatos colaboradores, quienes fueron declarados culpables por varios hechos criminales que no lo cometieron directamente, sino a través de los grupos paramilitares, según la sentencia de fecha 15 de abril de 1993.

En todos estos casos, los acusados fueron condenados y encarcelados como autores mediatos de hechos criminales, aunque no se hayan “ensuciado las manos”, y alegaran en su defensa “yo no fui”, era “culpa del imperio”, se “rompió la cadena de mando”, etc.

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