El referendo de Arce. Un golpe a la Constitución

La propuesta del referendo del presidente Arce, además de una cortina de humo para distraer a la ciudadanía de la grave crisis económica, es el intento de dar un golpe contra la Constitución, como no lo ha habido en todo el periodo democrático.

Lo es porque la Constitución Política del Estado (CPE), en el artículo 411, establece para su reforma total el mecanismo único de una Asamblea Constituyente. Para su reforma parcial, considera solo dos caminos: la iniciativa popular o la Asamblea Legislativa a través de una ley aprobada por 2/3; en ambos casos necesita para su ratificación un referendo aprobatorio.

Queda claro que el presidente no puede convocar a un referendo para la modificación parcial de la CPE, como pretende al consultar sobre la reelección presidencial y la modificación de escaños en la Cámara de Diputados. La Carta Magna no contempla en ningún caso que el presidente pueda hacer tal convocatoria.

El diputado del MAS Juan José Jáuregui ha presentado una demanda de inconstitucionalidad del artículo 152 del Código Procesal Constitucional (que no hace otra cosa que regular la aplicación del artículo 411 de la CPE), alegando que desconoce la “prerrogativa y derechos del presidente para convocar a un referendo constitucional”.  El objetivo de esa demanda es que el Tribunal Constitucional ilegal cambie el artículo 411 y le permita al presidente modificar la Constitución. Jáuregui sigue el camino que en 2017 tomó el anterior Tribunal Constitucional para desconocer el resultado del referendo del 21F y el artículo 168 de la CPE. Habilitó a Evo Morales como candidato (por cuarta vez consecutiva), alegando que se “vulneraba un derecho humano” del entonces presidente. Dicha aberración fue rebatida por la Corte Interamericana de DDHH.

Lo grave de esta propuesta, es lo que el presidente quiere al cambiar con el referendo los artículos 146 I (escaños) y 168 (reelección) de la Constitución. Arce pretende desconocer la competencia de reforma parcial que le corresponde a la Asamblea Legislativa y de rebote anular también la competencia de reforma total que le corresponde a la Asamblea Constituyente, consecuencia del cambio del artículo 411.

No se trata de una cuestión circunstancial. Es un camino progresivo y deliberado de dinamitar una de las tres formas de democracia reconocidas en nuestra Ley de leyes, la que nos garantiza la institucionalidad, la forma representativa que se construye a través del voto popular. La noción esencial de este modelo es el valor republicano preservado

en el artículo 12 de la Constitución que garantiza la raíz de liberalismo político que expresó Simón Bolívar en su proyecto de Constitución para Bolivia, aprobado por la Asamblea de 1826.

Hay una corriente muy fuerte en el masismo que es antirepublicana porque cree en la utopía regresiva del adanismo histórico, la vuelta al “paraíso perdido” y que, a partir de ese discurso más bien retórico, disfraza un talante autoritario y verticalista que aspira a la vuelta al líder mesiánico que por serlo tiene el “derecho” al control total del poder. Pero también esconde un pragmatismo cínico cuyo objetivo es la permanencia en el poder por el poder mismo sin atadura legal alguna.

Destruir la existencia de órganos del Estado distintos y con atribuciones y prerrogativas específicas e indelegables, es negar la esencia de este modelo político que no tiene otro objetivo que limitar el poder, el verdadero secreto de la República. Su premisa de origen fue que no se aceptara nunca más un enviado divino otorgado al pueblo para conducirlo, nunca más un bendecido del cielo con carácter dinástico para regir los destinos de todos, concentrando la responsabilidad de gobierno, la de dictar las leyes y la de absolver o condenar a sus súbditos administrando justicia. 

Este es el debate que debemos encarar, no la pertinencia de las preguntas de un referendo, sino los oscuros objetivos presidenciales. El primero, quitarle a la Asamblea Constituyente y a la Asamblea Legislativa una de sus atribuciones fundamentales. El segundo, ampliar los poderes del presidente dándole una discrecionalidad dictatorial de cambio de la Constitución que destruye la independencia y separación de poderes. Durante 17 años los cuatro gobiernos del MAS de Morales-Arce nos han ido recortando sistemáticamente derechos y han ido controlando descaradamente la totalidad del poder. Este intento de desmontar lo que queda de la institucionalidad republicana, disfrazado de consulta popular, pretende -y no se puede tolerar- su enterramiento.