30 de marzo de 2022, 4:00 AM
30 de marzo de 2022, 4:00 AM

La Central Obrera Boliviana (COB) está pidiendo al Gobierno que apruebe un incremento salarial de nada menos que el 7 por ciento al básico nacional y 10 por ciento al mínimo. En condiciones normales, si el crecimiento de la economía fuera en un nivel también del 10 por ciento, sería sensato y racional. Pero en tiempos de crisis global, cuando las empresas no se han recuperado del fatal golpe de la pandemia, y no se han repuesto aún los varios miles de empleos perdidos, la exigencia sindical es absolutamente inatendible, excepto que el objetivo sea golpear nuevamente a la iniciativa privada para dejarla moribunda.

¿Qué es más importante? ¿Subir el salario a los pocos que tienen empleo y poner en riesgo su fuente laboral? ¿O es más importante conservar esas fuentes de trabajo sin aumentar salarios, para darle estabilidad a los propios trabajadores y permitirles a las empresas levantarse para así abrir posibilidades de nuevas contrataciones?

Los industriales sostienen que, en las condiciones actuales, un incremento salarial solo profundizará la recesión en la que se encuentra el sector productivo boliviano y por eso recomiendan congelar el ajuste salarial durante este año.

Similar opinión tienen los microempresarios. Ellos creen que el alza salarial planteado por la COB no acompaña el plan de reactivación económica y productiva del país y, por el contrario, pone en riesgo y genera incertidumbre sobre la estabilidad laboral de los trabajadores.

Sensiblemente, como en varios otros casos, el Gobierno parece estar decidido a privilegiar el interés político antes que la estabilidad de las empresas que producen y generan empleo. No otra cosa significa que este miércoles se reunirán en una mesa de trabajo seis ministros de Estado y los dirigentes de la COB.

En ese encuentro no estarán representados los empresarios privados del país, que son la otra mitad interesada en el tema del ajuste salarial. Excluirlos sistemáticamente, como vienen haciendo las autoridades, revela el carácter político y populista de las decisiones que tienen afectación directa sobre la economía del país.

No es la primera vez que el sector privado resulta excluido de las mesas de negociaciones del Gobierno, que prefiere convocar únicamente a su aliada política, la Central Obrera Boliviana. Es como si el árbitro del partido decidiera convocar a uno solo de los equipos para negociar cuánto tiempo o bajo qué reglas se debe jugar un partido de fútbol.

El aumento salarial anual está concebido como un mecanismo para reponer la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario que ocurre por efecto de la inflación. Pero si la inflación del año 2021 fue de 1 por ciento, ¿cómo se entiende que se pretenda una compensación del 7 por ciento?

La definición que tomarán Gobierno y COB sobre el asunto salarial traerá oscuros nubarrones para la producción y el empleo. Y la tormenta podría ser peor aun si se concreta el anuncio que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, cuando dijo que “hay una probabilidad buena” de que este año se obligue a las empresas a pagar el segundo aguinaldo.

Definitivamente el país vive de espaldas a la realidad y con los ojos cerrados. Si la economía crece respecto a un año anterior no es que se trate de un logro nuevo, sino apenas de la recuperación de una parte de los niveles perdidos por la pandemia. La prueba es que ni siquiera con un crecimiento del 4,5 por ciento el país volvería al nivel de la economía del año 2019.

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