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El riesgo de establecer responsabilidad penal de las empresas con el actual sistema judicial

Antonio Rocha 15/7/2021 05:00

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En varias oportunidades nos hemos referido a la necesidad de combatir de manera frontal y decidida la corrupción, el contrabando, la evasión fiscal y los delitos económicos que son en gran parte causantes de la pobreza y marginalidad en la que viven millones de bolivianos. Esta guerra se debe librar en todos sus flancos, contra la corrupción en todos los niveles de gobierno, contra jueces y magistrados corruptos, en el sistema de defensa público entregado al poder político y económico, y por supuesto contra el falso empresario que sustenta su patrimonio en vínculos con el poder y sus ganancias equivalen a su evasión o elusión tributaria. Huelga decir que este no es el empresario que defiende la institucionalidad, sino, al empresario que actúa conforme a Ley y responsabilidad social.

Todo delito por su naturaleza, al ser un acto en contra de la Ley, es responsabilidad única y exclusiva de la persona que comete dicho acto y de las personas que estuvieran involucradas o fueran cómplices de la comisión del delito, no obstante la delincuencia organizada camufla a los corruptos en empresas de fachada cuyo fin es lavar los activos producto de los actos de corrupción, por lo que tanto Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos han celebrado Convenios que comprometen a los Gobiernos en la adopción de medidas en contra de la corrupción tanto a nivel de las entidades públicas como privadas sean personas naturales o jurídicas (empresas).

La Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por el Congreso de Bolivia en 1997 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ratificada también por Ley del Congreso el año 2005, establecen las causales de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de corrupción y la obligación de cada Estado para adoptar las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por su participación en delitos tipificados como corrupción tales como: el soborno a funcionarios públicos, la malversación o peculado (público o privado), el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo producto del delito de corrupción, el encubrimiento y otros definidos como tales en las referidas Convenciones Multilaterales.

El proyecto de Ley de “Fortalecimiento de Lucha contra la Corrupción” que pretende incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos tipificados como de corrupción a través de la modificación de la Ley 004 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz), el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, se circunscribe a los ilícitos penales de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito, cohecho activo, contratos lesivos, incumplimiento de contratos y sociedades o asociaciones ficticias. Las sanciones propuestas son de pérdida de la personalidad jurídica, multas equivalentes hasta el 1,5% de la utilidad bruta o el 3% del patrimonio neto de la empresa en caso que esta no tenga utilidades. Otras sanciones previstas son la suspensión del oficio o actividad, la pérdida de beneficios estatales o la prohibición de la actividad relacionada al ilícito cometido.

Cabe aclarar que las sanciones no serían aplicadas a las personas jurídicas que presten una función pública, que desarrollen una actividad de interés público, cuando sean empresas mixtas (público-privadas) o aquellas empresas cuya interrupción de actividad podría causar un grave perjuicio a la sociedad y el estado o cuando dichas sanciones puedan generar un grave daño social o económico. Si bien es comprensible la excepción no es menos cierto que los mayores problemas de corrupción se dan justamente en las empresas estratégicas del Estado y las empresas mixtas en sectores claves como hidrocarburos, minería y energía, donde se compromete el uso de recursos naturales cuya explotación se concesiona a estas empresas, por lo que la excepción de la aplicación de la sanción debería estar condicionada de alguna forma.

Como es bien sabido y de amplio dominio público, la entidad de menor credibilidad en el país, acusada de los mayores problemas de corrupción y falta de transparencia es el sistema judicial boliviano, reconocido como un problema anacrónico por el mismo Presidente del Estado y ratificado por el Ministro de Justicia. Sin embargo el problema de un sistema judicial corrupto no está en las leyes, sino en su falta de independencia, en la naturaleza misma de las personas que lo administran y en cómo son seleccionadas para que administren justicia.

Incluir a las personas jurídicas como responsables en los ilícitos penales de corrupción es sin duda un impulso a la transparencia concordante con los principios establecidos en las Convenciones Multilaterales, esto en un país donde la defensa pública y la administración de justicia sean probas, o al menos, menos corruptas que aquellos a los que se pretende juzgar, que no es el caso particular de Bolivia donde la transparencia parece ser la excepción a la regla, en honor a los buenos jueces, fiscales y magistrados que los debe haber.

En resumen, un buen propósito como el proyecto de ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción puede convertirse en un despropósito que ahuyente la inversión e incremente la inseguridad jurídica, en un sistema judicial como el nuestro.

Antonio Rocha Gallardo es Presidente - CNDA

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