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4 de febrero de 2018, 4:00 AM
4 de febrero de 2018, 4:00 AM

Los ‘movimientos ciudadanos’ impugnan la democracia gestada por el MAS, obligada a detener el frenético accionar del Gobierno. El poder plebeyo es debilitado por la ‘susceptibilidad popular’,  porque el ‘pueblo’ no apuesta por algo nuevo, aunque este prometa ser mejor, si en ello pone en riesgo su precaria estabilidad. Es que la hegemonía no logra gestionar las contradicciones de su modelo, las cifras macroeconómicas no revierten la sensación de malestar. La interpelación se sustenta en pocas verdades y falacias, ambas partes jugaron con el miedo, la amenaza, el chantaje y las obstinaciones: religiosas y políticas. Las mentiras se convirtieron en consignas, las falacias en verdades, en argumentos superficiales, a ritmo de Carnaval se consumaron en frivolidad.

Estos ‘movimientos ciudadanos’, más allá de sus justificados cuestionamientos (Código del Sistema Penal y 21-F), desnudaron el sempiterno mal que nos aqueja: la carencia de instituciones confiables, condición del Estado de derecho. Nadie cree en médicos, en los maestros ni en la honradez de la Policía, ni en la palabra del presidente, los abogados en la justicia, peor el pueblo en todos ellos, ya que el ciudadano termina siendo víctima de ellos.

Paradójicamente, los planteamientos más radicales se instalaron en el orden restaurador y statu quo, evidenciando el carácter despótico de estos, ya que en gran medida los movimientos están agenciados por grupos de poder, enmascarando sus actos; otra paradoja: los que luchan por ciudadanía se autodenominan movimientos sociales, y los que luchan para restaurar viejos privilegios se dicen ciudadanos (civilización versus barbarie).

En medio de esta confusión, el Gobierno gira en torno a neologismos de su ‘proceso de cambio’, quedando a medio camino entre la retórica y la precaria realidad que ensancha la vulnerabilidad de las clases medias y pobres, sin oportunidades: el 70% de la población no tiene empleo digno ni seguridad social, peor servicios de salud ni jubilación decorosa. Esta situación es caldo de cultivo para la corrupción.

A pesar del fracaso de los paradigmas liberales y socialistas, seguimos estancados en esta añeja dicotomía, que vacía de contenido a la democracia como poder de la gente, sin superar el esquema jerárquico de la división de una minoría que dirige (aristocrática o plebeya) y una mayoría sometida a sus designios, sobre un aparente sistema de delegación del poder. En este sistema disponen del poder los políticos improvisados –que entienden poco del quehacer real de la política–, supuestamente representan a un colectivo que no los controla. La democracia moderna supone que una minoría detente el poder y la coerción para resolver los conflictos, por lo que cualquier ‘grupo organizado’ se apropia de este y ejerce el mando –eficacia de las ‘minorías organizadas’– afectando la vida de los demás. Estas minorías se distribuyen el poder alentadas por difusos esquemas políticos, impidiendo que la disidencia ejerza su derecho humano y democrático.

En este contexto, surgen nuevas generaciones que interpelan al Estado, son respuestas de una ‘generación’ sin oportunidades; por tanto, sin planteo de horizontes compartidos. La certeza es que el discurso de la diferencia y el enfrentamiento social y cultural entre ‘plebeyos y oligarcas’, ya no interpela. Se trata de nuevas ciudadanías de los ‘hijos del régimen de Evo’, de los que llegaron a las ciudades, a la democracia, a la educación superior, clases medias vulnerables que no encuentran espacio a sus deseos, quieren democracia y un presidente a la ‘altura de sus expectativas sociopolíticas’, quieren que la autonomía sea un paradigma de autogestión de las regiones.

El sistema político ha omitido que la democracia más efectiva es aquella que promueve la autogestión social, que crea horizontes compartidos y convergencias, es un ejercicio auténtico de gestión social, que implica información, conocimiento y educación, para imaginar un nuevo orden social. Es que la autogestión es algo más que gestión de un conflicto. La autogestión es autonomía, es la autoinstitucionalización, es canalización de imaginarios sociales en diálogos inquebrantables, es decir, construir horizontes de certidumbres y deseos correspondidos, sabiendo que como humanidad somos diferentes, pero no divergentes.

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