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La marcha indígena que salió de Trinidad el 25 de agosto y tiene más de dos semanas en Santa Cruz de la Sierra tuvo quien la escuche. Pero su interlocutor no fue el Gobierno, de quien se esperaba su presencia para, al menos, oír sus demandas de su propia voz.

En los discursos de campaña y de gestión administrativa resaltan una faceta: el Gobierno de todos, el que escucha a su pueblo, pero en este caso no presenta ese lado amable.

Escuchar al otro genera empatía y reciprocidad, une a los seres humanos, que al comprenderse son capaces de unir fuerzas y lograr imposibles, que las actitudes egoístas y soberbias nunca podrían conseguir.

No se ama lo que no se conoce. Tampoco se entiende lo que no se vive en su grado más cercano. El Gobierno no se ha ocupado de acercarse a escuchar siquiera para comprender un problema profundo y ancestral. Aceptar el diálogo, despojado de prejuicios, es una obligación que demuestra tolerancia y respeto.

Tal vez los interlocutores no estén cumpliendo la función que amerita el momento, a pesar de los intentos; sin embargo, el mensajero no puede resultar el culpable de la incómoda situación que se evidencia en las alturas del poder.

El tiempo transcurre a la espera de un diálogo diáfano y sin ruidos y el agua sigue corriendo debajo del puente, en un país pequeño donde las distancias parecen enormes producidas más por los malos cálculos y las gestiones deficientes.

Los indígenas han enviado al menos tres cartas al Ejecutivo solicitando diálogo, y la respuesta fue el mutismo.

Delegados de Naciones Unidas se reunieron el jueves con la mayoría de la columna que se mantiene en espera, los escucharon y se interiorizaron de sus demandas.

“Hemos apelado a ustedes, porque el Estado de nuestro país nos ha demostrado que no está con nosotros ni para nosotros, (además) no sabemos el porqué”, dijo el “Tata” Marcial Fabricano, cabeza visible de la marcha.

El jefe de la misión técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Antonio Menéndez De Zubillaga, acompañado por la oficial de Derechos Humanos María Gomes Werneck se comprometieron a interceder y hacer llegar los requerimientos al Gobierno nacional.

Los indígenas de la Amazonia, Oriente y Chaco de Bolivia piden el respeto a sus territorios. Rechazan los asentamientos ilegales, además de exigir la abrogación y derogación de las normativas que permiten avasallamientos en los territorios indígenas ancestrales. Este paquete de denuncias contra el tráfico de tierras se puntualiza en la actividad extractiva en los territorios indígenas en el polígono 7 del Tipnis. En el paquete de demandas incluyen el pedido de una nueva ley agraria y la creación de nuevas TCO para los pueblos indígenas ancestrales.

Sosteniendo que hay indígenas de primera y de segunda en el país, no cierran las esperanzas que el Gobierno los escuche. Al fin y al cabo, merecen el respeto digno y soberano que todo habitante de este suelo, como reza la Constitución Política del Estado, de la que tantas veces se nombra para vivir mejor.

Después de las indecisas idas y venidas del Ejecutivo en una semana ajetreada, la columna indígena sigue esperando. Porque sabe que detrás de ese silencio despreciable hay una justicia que a la larga se posará sobre la Madre Tierra. Y que después de asentarse será escuchada por los pueblos en cada territorio. Naciones Unidas no se irá con las manos vacías, al menos para contarle al mundo qué sucede con los hombres y mujeres ancestrales de este país.

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