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La noticia dice que al menos diez exadministradores de justicia que, con sus decisiones favorecían al MAS, pero decían ser independientes, saltaron a la política de la mano del masismo para ocupar cargos interesantes en el Estado, ya sea en el Poder Ejecutivo, el Legislativo o en el servicio exterior.

El detalle vuelve a cobrar actualidad por el reciente nombramiento de Ramiro Guerrero, posesionado hace pocos días como viceministro de Tierras. Guerrero fue fiscal general del Estado y su actuación fue seriamente cuestionada en esas funciones por el manejo de los casos de Gabriela Zapata, ex pareja de Evo Morales, el bebé Alexander y la corrupción en el Fondo Indígena.

Anteriormente, en 2008, Guerrero fue asambleísta constituyente del Movimiento sin Miedo, partido entonces aliado del MAS. Llegó a la Fiscalía General del Estado con los votos del MAS en la Asamblea Legislativa, pese a las observaciones que existían por su militancia política.

Más tarde, en febrero de 2019, Guerrero fue designado cónsul de Bolivia en Chile durante el gobierno de Evo Morales. En la gestión de Luis Arce, Guerrero fue asesor del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Finalmente juró como viceministro de Tierras con el puño izquierdo en alto, como hacen los militantes más radicales del Movimiento al Socialismo.

Todos los cargos ocupados en el Ejecutivo y en el servicio exterior prueban incuestionablemente la militancia de Ramiro Guerrero, aunque como fiscal general negaba tener cercanía con ningún partido y el propio gobierno decía de él que era independiente.

De esto se habla cuando se critica la decadente justicia boliviana que perdió el último gramo de credibilidad: fiscales, jueces, magistrados trabajan en posiciones de la judicatura, pero sus decisiones no son ni imparciales ni independientes, sino están al servicio del MAS y su gobierno. Por esa razón no hay confianza en el sistema judicial: no respetan el debido proceso, no aplican la ley según las pruebas, argumentos, sino ajustándose a las consignas e instrucciones que reciben desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno o la Procuraduría General del Estado.

Como Guerrero, varios otros operadores de justicia nada menos que en la antigua Corte Suprema de Justicia, en fiscalías de distrito, en el Tribunal Constitucional Plurinacional, todos designados por el gobierno de Morales, después ocuparon funciones en el consulado de Salta, en la Empresa Nacional de Electricidad, el Senado, la Cámara de Diputados, en Suiza, en la Vicepresidencia y otras dependencias del Estado.

Entre ellos están, cómo olvidarlos, los magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron la reelección indefinida de Evo Morales, premiados posteriormente con diferentes cargos dentro y fuera del país.

El MAS normalmente no deja en la calle a quienes sirvieron a los intereses del partido, una vez concluidas las misiones que se les encomienda y que ellos cumplen con total obediencia desde sus puestos en la Justicia, posteriormente reciben de premio estratégicos puestos en el servicio exterior o instituciones del gobierno o el Estado.

Lo interesante es que también se da el sentido inverso del trampolín político: militantes del MAS que estuvieron ocupando puestos en el Gobierno pasaron a ocupar puestos como autoridades judiciales. Así, con esas prácticas incestuosas es muy difícil pensar en la independencia de la justicia y mucho menos confiar en ella.

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