El triste papel de YPFB y la Policía

Una espontánea movilización de ciudadanos que la noche del jueves caminó hasta las puertas de la refinería de Palmasola para levantar el cerco que unas pocas personas afines al Gobierno levantaron allí, causando en enorme perjuicio con el desabastecimiento de combustibles, pero se encontraron con dos sorpresas que son inadmisibles y que ameritarían una investigación y drásticas sanciones, si en el país existiera justicia. 

La primera de ellas es la llamativa actitud de la Policía que no solo no hizo nada en diez días para desalojar a unos pocos bloqueadores que incluso vulneraban las leyes e incurrían en delitos penados en el Código Penal, sino que además daban por normal la situación y luego impedían que las cisternas cargadas de combustibles ingresen a la refinería.

El comandante de la Villa 1ro. de Mayo, coronel Jorge Espejos, a cargo del control en la refinería de Palmasola, dijo que las cisternas entraban y salían normalmente. ‘Siempre han entrado’, ‘Están entrando los camiones y están descargando’, ‘A todos los surtidores estamos llevando; lo que pasa es que hay una sobredemanda: cargan, descargan y vuelven a cargar’, ‘(Los cercadores) han dejado permanentemente que ingresen los camiones’, fueron algunas de las expresiones textuales de un jefe policial que ese momento parecía el abogado de los 30 afines al gobierno que hasta minutos antes mantenían el cerco.

Fue tan evidente la toma de partido del coronel Espejos, que se le acercó un transportista que estaba en la cola a encararle y gritarle en su cara: ‘No hay que mentirle al pueblo coronel, hoy ni un solo camión ha salido. Todingos estamos allá atrás esperando una semana. Usted está mintiendo, eso no se hace coronel’. Al coronel no le quedó más alternativa que callar y darse la vuelta.

Mientras tanto, los vecinos que llegaron hasta allá en actitud pacífica levantaban con sus manos los promontorios de tierra que los cercadores dejaron en la vía para evitar el pase de las cisternas. Y cuando lograron despejar la vía, la Policía impidió que las cisternas ingresen a la refinería.

Casualmente, al mismo tiempo salió un comunicado de YPFB que advertía que ante la ‘amenaza de grupos de choque’ se suspendía la salida de cisternas. Lo que la petrolera llamaba ‘grupos de choque’ eran ciudadanos que ante la pasividad de la Policía llegaron a levantar el bloqueo precisamente porque ni entraban ni salían camiones cisternas. Así que tampoco había nada para suspender, como decía el comunicado.

Pero siempre hay más: los cercadores que se retiraron ante el anuncio de la marcha de vecinos de la Santos Dumont se refugiaron nada menos que en el interior de las instalaciones de YPFB a la que estaban bloqueando. Algo así como que los secuestradores se escondan en la casa del secuestrado con consentimiento de este. 

Y todo eso se hizo con el consentimiento de la propia YPFB y de la Policía del lugar. De otra manera cómo se explicaría tal inimaginable extremo, que vuelve a comprobar que el Gobierno usa a la Policía, a sus funcionarios para bloquear y ahora también las instituciones como YPFB para provocar un desabastecimiento de combustibles, sin importarle no la gente sino las millonarias pérdidas económicas que eso implica.

Es natural que el presidente de YPFB, en este caso, Armin Dorgathen, sea militante o simpatizante del partido de Gobierno -de otra manera no estaría en el puesto-, pero lo que es inaceptable es que ponga a la empresa más importante del Estado boliviano al servicio de un inhumano cerco a la población, exponiendo incluso la seguridad de los ciudadanos con centenares de cisternas cargadas de combustible y varadas junto a casas particulares a sol pleno y con temperaturas que superan los 30 grados.