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El Gobierno de Luis Arce se anotó su mayor derrota política esta semana al verse obligado a retirar la ley contra ganancias ilícitas ante una ola abrumadora de rechazos de sectores de trabajadores y emprendedores que identificaron en la norma una intención de violar el derecho a la propiedad privada y que serían utilizados para la persecución política.

Lo más curioso del caso es que esta vez no fue la oposición política o “la derecha”, como le gusta decir al Gobierno, la que dobló el brazo de Arce, sino actores económicos afines al MAS, como son los gremiales, transportistas y cooperativistas mineros que cumplieron un paro parcial el lunes, pero dieron un plazo al Gobierno para retirar esa norma. Y así ocurrió, el Ejecutivo la levantó dentro del plazo que le dieron esos sectores. Pero no fue “la derecha”, que no tiene ni fuerza, ni inteligencia ni está articulada.

Ni siquiera en la derrota el masismo tiene capacidad de autocrítica para admitir su error. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, acusó a grupos que supuestamente pretenden desestabilizar al Gobierno o que no aceptan la victoria del MAS. Nada más falso: esta derrota se la propinaron tres sectores que votaron por Arce en las últimas elecciones.

Y tampoco corresponde amenazar al país que por no haber aprobado la citada ley vendrían implicaciones negativas o que Bolivia entraría en una supuesta lista gris. La responsabilidad de que el país no cuente con una buena ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales la tiene el Gobierno de Arce, porque debajo de ese paraguas de nombre largo y bienintencionado intentó introducir mecanismos para dejar desprotegido a los ciudadanos en sus derechos a la posesión de bienes, la acumulación y el derecho a la presunción de la inocencia, entre otras cosas.

Lo que el Gobierno tiene que sacar en limpio de este vergonzoso episodio es que ni el país ni las condiciones para la imposición de normas a las que se acostumbró Evo Morales cuando era presidente son los mismos en este tiempo.

¿A quién beneficiaba la ley si prácticamente todos los sectores de trabajadores, cooperativistas y empresarios se opusieron radicalmente a ella? Luis Arce tendría que hacerse esa pregunta y responderse. En el terreno de las hipótesis, habría que concluir que si no había un beneficiario directo, entonces la ley tenía un objetivo político que solo convenía al propio Gobierno en su proyecto de perpetuación en el poder.

Ya no es posible gobernar de espaldas al país ni pretender llevarlo a modelos políticos o económicos al estilo de Venezuela o Cuba. Bolivia tiene poderosos grupos económicos que no son precisamente los grandes empresarios, sino aquellos grupos de patrimonios pequeños o medianos que suman millones de actores que mueven la economía y que en casos como el de la fracasada ley ven amenazados sus bienes acumulados con mucho trabajo. Los emprendedores bolivianos no quieren socialismo, sino capitalismo, y no quieren vivir de bonos, sino de su propio trabajo. Esa es la gran diferencia de Bolivia con Venezuela o Cuba.

Finalmente, el presidente Arce tiene que repensar si va a continuar por esa ruta de derrotas y retrocesos: son tres en menos de un mes antes de cumplir su primer año en el poder. Algo está fallando en la conducción del poder: o se calcula mal, o es que, como se le critica cada vez con más frecuencia, en realidad el que manda y decide en el Gobierno es Evo Morales.

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