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Elección de administradores de justicia

11/6/2021 05:00

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Por:  Abog Joasel Bravo Bezerra

La diputada del MAS – Gladys Quispe y ante “la crisis de la justicia” anunció la presentación de un proyecto de ley ante Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que busca que ésta recupere la atribución de designar los fiscales departamentales, competencia que hoy es facultativa del Fiscal General del Estado acorde la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 260 – art. 33.2, de 11/07/2012) que establece que tales autoridades son designadas por el Fiscal General. 

La anterior ley de la Fiscalía, Ley 2175 de 13/02/2001 art. 39, ordenaba que los Fiscales Departamentales deberían ser electos por dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados por un periodo de cinco años. Sin embargo y sin conocer cuales los fundamentos facticos y/o jurídicos, la precitada ley fue modificada por el MAS y se le otorgo al Fiscal General colosal responsabilidad en detrimento de la sociedad a la que el Ministerio Público y como mandato primordial, debe defender.

Es evidente que cambiar la capacidad de elegir a los Fiscales Generales en favor del Fiscal General fue un retraso democrático toda vez que y según directrices sobre la función de los fiscales determinadas en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana (Cuba), del 27/08 al 07/09/1990, para el nombramiento de estos se debe conforme a condiciones de mantener la justicia, estímulo y respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin distinción de de raza, sexo, idioma o religión.

A la fecha, cuando la administración de justicia (Jueces, Fiscales y Policías) atraviesa su peor crisis en la era republicana, la ciudadanía y organismos internacionales, exigen la independencia de los fallos de dichos administradores y que se les permita hacer su trabajo libre de presiones e interferencias políticas; misma que durante 39 años vienen aplacando al pueblo (a través de la modificación de dos Constituciones 1995 y 2009) a través de fastuosos institutos jurídicos; empero, que continúan bajo el poder y control de la clase política que se auto otorga la competencia de elegirlos a cambio de fallos corruptos y que les favorezcan.

Prueba de dicha corrupción, amén del actual escandalo del Tribunal Constitucional negar una Sentencia publicada en los medios periodísticos por una Ex Diputada, tenemos el flamante nombramiento de los Vocales (Jueces de Segunda Instancia con jurisdicción Departamental) por parte del Tribunal Supremo de Justicia TSJ y que denotaron un manoseo político en el proceso de selección de dichos magistrados. Llegando al grado de que el Ministro de Justicia advirtió al Órgano Judicial y al Concejo de la Magistratura con juicios de responsabilidades.

Nótese que la Sentencia Constitucional 0170/2021, notificada al Consejo de la Magistratura, que dejó sin efecto la convocatoria a vocales 36/2020 así como las posteriores, debido a la falta de cumplimiento de requisitos. Ordenando que antes de lanzar cualquier otra convocatoria deben aprobar un reglamento que defina los términos de una reelección de los postulantes, así como “abstenerse” de cesar de sus cargos a los actuales vocales hasta que se elijan a los titulares.
Sin embargo el Consejo de la Magistratura desarrolló la convocatoria y toma de exámenes a postulantes a vocales, concluyendo con la elección de ciertos juristas, bajo serias denuncias de venta de respuestas de las pruebas, designación de autoridades que no cumplen los requisitos, antecedentes de procesos de corrupción, sentencias ejecutoriadas por prevaricato, des respeto a criterios de paridad del 50% de la elección de mujeres según Ley 439, así como de puntuación, (en Santa Cruz una candidata fue descartada a pesar de obtener la mejor nota y desobedeciendo la paridad de género).

El Ministerio de Justicia denunció varias de estas irregularidades arguyendo transparentar el proceso se selección, sin embargo, los cuestionamientos también señalan que el nombramiento de algunos de los postulantes se debe a un “pago de favores políticos” del gobierno del MAS. Entre los seleccionados se hallan varios abogados, exfiscales, jueces y vocales que emitieron fallos favorables al partido de Evo Morales. Las denuncias incluyen supuesta repartija de cargos judiciales, concertada en fiestas en la zona Sur de La Paz, con videos de eventos que circulan en redes sociales con la participación del Procurador General – Wilfredo Chávez, su asesor, la hija del expresidente Morales, sin explicaciones de sus participantes.

Las referencias señaladas anteriormente debidamente publicitadas en medios periodísticos denotan un evidente manoseo político en la elección de los administradores de justicia. De ahí que y para alejar a los políticos de la corrupción que resulta la selección de los administradores de justicia, se hace imperioso que en tal nombramiento participen instituciones fuera de las garras del político y con credibilidad ante la sociedad como la iglesia y personeros de organismo internacionales (al fina de cuenta estos últimos financian la justicia).

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