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La Sala Penal Cuarta de Materia Constitucional de La Paz admitió una acción popular que pide la postergación de las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo, con el argumento de que la población corre más riesgo de contraer el Covid-19 en esta segunda ola de contagios y muertes.

El recurso, presentado por el candidato a la Alcaldía de esa ciudad, Amílcar Barral, será resuelto en audiencia pública el próximo lunes 8 de febrero.

La acción obliga al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa Plurinacional a responder y justificar las razones por las que ambas entidades mantienen la fecha original para la elección de gobernadores y alcaldes en todo el país.

Se trata de una nueva iniciativa en el país por intentar un retorno a la sensatez para privilegiar la defensa de la salud y la vida por encima de los intereses políticos, en los que están muy empeñados particularmente el partido en función de Gobierno.

A esa posición de mantener la fecha del 7 de marzo a como dé lugar se suma también el Tribunal Supremo Electoral, cuyo presidente, Salvador Romero Ballivián, ha salido más de una vez a descartar toda posibilidad de postergación, apoyado, dice él, en la opinión de la Organización Panamericana de la Salud.

El TSE impulsa también la firma de un acuerdo por parte de los partidos políticos para que se comprometan a cumplir los protocolos de bioseguridad, en un variopinto documento de múltiples intenciones, incluida la de respetar el resultado de las urnas, que sin embargo es de carácter voluntario.

Es decir, los partidos tienen la libertad de firmarlo o no, y por tanto también de usar barbijos o no, y quizá también la libertad de no necesariamente respetar el resultado de las elecciones. Si el acuerdo es de firma voluntaria, se entiende que también los puntos allí consignados no son de cumplimiento obligatorio.

Entretanto, la estadística más reciente de la pandemia demuestra que la tendencia de casos positivos y de letalidad del virus en esta segunda ola aún no ha alcanzado su pico. Diariamente se registra un promedio de 50 decesos por coronavirus y el número de contagios no baja de los 2.000 casos.

El fin de semana murieron tres agentes policiales afectados por Covid-19 y hay 130 efectivos que dieron positivo al virus y se encuentran aislados; ayer tres millones de estudiantes iniciaron el año escolar, pero por la pandemia, la gran mayoría de ellos asistirá a clases de manera virtual; nueve de cada diez personas que en Bolivia ingresan a terapia intensiva por Covid-19 fallecen, ha dicho el vocero presidencial Jorge Richter; las redes sociales se han convertido en un obituario digital donde las personas se informan de la muerte de un amigo, un antiguo compañero de estudios o colega de trabajo. Esas son las noticias dominantes en las redes.

En ese contexto poco auspicioso, valdría la pena que el Tribunal Supremo Electoral revise su posición cerrada en torno a la fecha de las elecciones. Más importa proteger la salud y la vida que aferrarse a un frío calendario que se puede reformular.

Y el partido de Gobierno también debiera reconsiderar su opinión sobre este tema. La tendencia del voto no cambia significativamente en una postergación, y si lo hace puede moverse en cualquiera de los dos sentidos opuestos, uno de ellos resta votos, pero el otro suma.

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