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Un asunto crucial, como las elecciones nacionales, está en el centro de la tormenta. El Órgano Electoral ha planteado que los comicios deben ser el 6 de septiembre de manera impostergable. En medio está la escalada de contagios de coronavirus que, en este momento, está superando todas las previsiones realizadas. Algo que no se debe perder de vista, porque debería ser el objetivo principal, es que las elecciones sean legales y legítimas; que no haya dudas sobre sus resultados, que cuenten con la mayor participación posible de ciudadanos. Si esto último se pone en peligro, entonces no tendría que apresurarse tanto la fecha. El bien mayor es la democracia y el futuro de Bolivia.

Quienes alientan las elecciones en septiembre plantean una serie de mecanismos que, en teoría, evitarían el contagio. Se habla de realizar la votación en dos fechas, de mantener el distanciamiento social en recintos más grandes y una serie de estrategias que lamentablemente no aplican para los bolivianos, con una cultura de por sí irreverente y poco cumplidora de normas de bioseguridad (para muestra lo que vemos a diario en las principales capitales del país). Lo peor que puede ocurrir es que, debido al temor del contagio, los bolivianos no acudan a votar, que se queden en su casa porque priorizan su salud a la elección de nuevas autoridades. Un gran ausentismo determinará que los nuevos gobernantes sean elegidos por una minoría de la población, lo que restringe los derechos democráticos de la ciudadanía.

El temor ciudadano también provocará que, en Bolivia y en los países del extranjero, falten electores a la hora del cómputo, lo cual no es aconsejable si se recuerda que el control en el conteo de votos fue vital para evitar mayores distorsiones y para comenzar a descubrir el grosero fraude que había montado el MAS.

El otro gran peligro es que se realice una elección sin observadores internacionales. El rol de las misiones de la OEA y de la Unión Europea fue fundamental, porque sus detalladas investigaciones permitieron descubrir el alcance de la manipulación del sistema electoral. Hay que tomar en cuenta que las fronteras de muchos países están cerradas, hay restricción de vuelos y no existen las garantías para saber que contaremos con expertos que vigilarán los comicios. Si no hay veedores, los resultados serán puestos en duda por quien resulte perdedor y eso puede provocar convulsión y caos que nadie quiere en el país.

Por otro lado, es cierto que hay un Gobierno transitorio que ha extralimitado sus atribuciones; que es preciso que el poder del Estado esté en manos de quien haya sido elegido por el pueblo. Asimismo, existe una Asamblea Legislativa a la que se ha prorrogado, que no trabaja en función de los intereses del país, sino de su partido (el MAS) y de su líder (Evo Morales).

En tal sentido, es preciso que la clase política se desprenda de sus intereses sectarios y llegue a un gran pacto nacional, cuyo objetivo no sea apenas la determinación de una fecha de elecciones, sino que estas se realicen de la mejor manera posible, que inspiren confianza, que sean legales, legítimas y que puedan ser avaladas por expertos imparciales de organizaciones internacionales. Esos requisitos son fundamentales. De nada sirve fijar un día de comicios si estos no le van a devolver certidumbre a la población.

Asimismo, ese pacto político nacional debería poner límites al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, de manera que asuman su carácter transitorio y que no tomen decisiones que deben corresponderle al futuro gobierno democráticamente elegido. Parece una utopía, pero es posible si es que las instituciones más representativas de la sociedad lo plantean, lo gestionan y lo hacen cumplir.