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Empleados indefensos

Claudia Zarlenga 16/9/2020 05:00

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Comparto algunas reflexiones que espero sirvan para modificar el status quo que subsiste respecto a la situación de algunos trabajadores en relación de dependencia en Bolivia.

Existen empresas que se desempeñan en el país de manera semi legal. Es el caso, específicamente, de aquellas que tienen una doble facturación.

Esta práctica ilegal y antiética permite a estos empresarios inescrupulosos evadir impuestos al Estado y obligar a los empleados, bajo amenaza de despido, a tener que aceptar el pago de su salario una parte en planilla y otra fuera de ella, con la resultante pérdida de aportes para su futura jubilación, entre otros perjuicios.

Para colmo de males, el organismo del Estado que debe encargarse de la defensa del trabajador, el Ministerio de Trabajo, sólo tiene carácter “conciliatorio” en las disputas por falta de pago de haberes y de beneficios sociales.

Los empleadores pueden realizar un depósito en el Ministerio por el monto “en planilla” que declararon. El ministerio recibe ese pago y es en ese momento en que expone al trabajador a que no cobre los beneficios que le confiere la ley, obligándolo a dirigirse a instancias judiciales.

Convengamos que estos empleadores no suelen concurrir a las audiencias de conciliación convocadas por el ministerio y en muchos casos el empleado no cuenta con las condiciones económicas para seguir las instancias de un juicio laboral que puede llegar a extenderse hasta tres, cuatro y cinco años. Además, no siempre el ministerio entrega a los trabajadores los montos recibidos: sé de casos en que “no les pagaron por no haber firma”.

Es decir, para recapitular: el Ministerio de Trabajo recibe en depósito una suma de dinero que es sólo una parte de lo que debería recibir el trabajador; el empleador o empresario evade impuestos al fisco, cargas sociales a la AFP, no paga lo que corresponde al trabajador, pero con el mero depósito “de ley” actúa como si hubiera cumplido con todas sus obligaciones y el trabajador es quien debe recorrer todas las instancias, desde presentarse al ministerio hasta sostener durante años un proceso judicial para intentar cobrar lo que por derecho le pertenece.

En el futuro, será el Estado quién deberá hacerse cargo de los empleados que no puedan ser jubilados por falta de aportes o porque en su momento sus empleadores no hicieron los depósitos que corresponden.

Ojalá, más temprano que tarde, se sancione a estos empresarios que perjudican a los trabajadores y al país y esta situación de indefensión a la que se los expone, se revierta.