El Deber logo
27 de agosto de 2017, 4:00 AM
27 de agosto de 2017, 4:00 AM

La eliminación de la intangibilidad del Tipnis supone perforar (y en poco tiempo devorar) el hábitat de los pueblos indígena que viven en el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure. La Constitución (art. 19.I) proclama que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. Este hábitat comprende no solo las condiciones ambientales que permitan satisfacer las necesidades básicas y la supervivencia de una especie, sino también factores económicos, sociales y culturales que faciliten el acceso a los bienes y servicios de las comunidades.

El art. 30 de la CPE, reconoce —entre otros— el derecho de las naciones y pueblos indígena, originario y campesinos a la libre determinación y territorialidad, incluyendo el derecho a la titulación colectiva de tierras y territorios y a “vivir en un ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”.

En la perspectiva del Tribunal Constitucional (SCP 0572/2014 de 10 de marzo), el hábitat comprende el espacio ancestral, donde se desarrolla la cultura, espiritualidad, historia y forma de organización social y política de los pueblos indígenas, y ejercen el control sobre los recursos naturales y despliegan todas sus instituciones.

Todos estos mandatos constitucionales se encontraban en el Convenio 169 de la OIT, al señalar en el art. 13 que “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. Y que el término territorio, “cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. 

Este convenio señala que los Estados deben reconocer a los pueblos el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, debiendo tomarse medidas para salvaguardar sus derechos a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. 

Por su parte, el art. 26 de la Declaración de las NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de estas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de las tierras de los pueblos indígenas de que se trate.

La casa grande de los indígenas siempre estuvo amenazada en el Tipnis por los denominados interculturales, que no buscan precisamente conservar ese hábitat. Entre ambos sectores existen grandes diferencias: los campesinos buscan la depredación de los bosques y parques nacionales, mientras que los indígenas persiguen la conservación de su hábitat. En efecto, mientras los indígenas rechazan la propiedad privada de sus territorios, los campesinos al poseer una parcela por pequeña que esta sea, ya son propietarios y el destino de la misma será lucrativa y contraria a la propiedad comunal de los indígenas. El campesino tampoco produce para su comunidad, porque en realidad no pertenece a ninguna, sino que produce para el mercado dejando una pequeña parte para su sustento familiar. Al producir el campesino para el mercado, depende y mantiene una relación estrictamente lucrativa, que contrasta con la protección de la naturaleza que viene a ser una de las máximas aspiraciones de los originarios.  

Tags