El diputado Héctor Arce Rodríguez, del ala evista, no encontró mejor manera en su propósito de captar la atención pública, que presentarse ayer por la mañana en el hemiciclo parlamentario con una capucha cubriéndole parte de su rostro. Lo hizo, según su afirmación, para denunciar la supuesta persecución política que ha desatado en su contra el gobierno de Luis Arce Catacora, a través del accionar de fiscales y jueces. Además, dijo estar evaluando la posibilidad de declararse en las próximas horas en la clandestinidad porque existiría una orden de aprehensión para privarlo de su libertad.
El controversial parlamentario subrayó que la persecución denunciada por él es por las tareas de fiscalización que realiza y resultan incómodas al Órgano Ejecutivo. La actitud de Arce Rodríguez matiza, en cierto modo, cuanto viene ocurriendo al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) o Parlamento, uno de los órganos más importantes del Estado boliviano, cuyas funciones fundamentales señaladas por la Carta Magna son la representación, la legislación, el control del Ejecutivo y la legitimación.
El funcionamiento de esa instancia de poder viene siendo objeto de recurrentes críticas que se han acentuado al aproximarse las elecciones generales previstas para el 17 de agosto próximo. La corresponsal de EL DEBER en la sede de gobierno, Yolanda Mamani Cayo, afirma en una amplia cobertura periodística que “los pasillos, oficinas y salas de prensa de la Asamblea se han convertido en un escenario que se usa para hacer campaña electoral a favor de uno u otro precandidato, desacreditar a sus adversarios, hablar de alianzas y pactos partidarios, hacer cálculos políticos electorales y hasta protagonizar grescas”. En la presente coyuntura, el tema dominante en la ALP es, por obvias razones, el relacionado con candidaturas y alianzas para la crucial justa electoral cada vez más cercana. Por eso no es ninguna exageración considerar que el Órgano Legislativo está en ‘modo electoral’ mientras se acumula el trabajo legislativo que tiene que ver, principalmente, con el tratamiento y aprobación de proyectos de ley relacionados con los intereses del país pero que no parecen estar en el foco de atención de los parlamentarios por los motivos antes expuestos.
Un informe señala que en ambas cámaras de la ALP, las de Senadores y Diputados, empiezan a acumular polvo nada más y nada menos que 750 proyectos de ley, de los que 466 corresponden a la también llamada Cámara Baja y 295 a la de Senadores. La mayoría de esos proyectos corresponden a la gestión 2024-2025, una legislatura que concluye en el mes de noviembre del año en curso. Un margen de tiempo que podría ser insuficiente para terminar el trabajo parlamentario acumulado.
En el transcurso de esta semana, la ALP debe sesionar para abocarse al tratamiento y aprobación del proyecto de ley sobre un crédito japonés de $us 100 millones del que un diez por ciento debe destinarse al Tribunal Supremo Electoral para las elecciones generales. El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, se comprometió ante bancadas parlamentarias a agilizar el tratamiento y aprobación urgente del paquete de leyes electorales necesarias para el blindaje de los comicios de agosto. Si no lo consigue, quedarán abiertas las interrogantes sobre la realización del trascendente proceso electoral.
Es de esperar que, aún en ‘modo electoral’, se imponga la cordura y racionalidad en el ámbito de la ALP para recuperar el tiempo perdido en postergaciones cuando no en debates intrascendentes. Es un imperativo que así sea para priorizar y hacer viable el abordaje, tratamiento y definición de los asuntos que importan y son imprescindibles para garantizar el bienestar y la tranquilidad del país y de los bolivianos.