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Entre dignidades y soberanías cocaleras

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El 1 de agosto de 2012, antes de su huida, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, a fin de justificar los cambios en la ley de coca y, sobre todo, la ampliación de los cultivos de coca de 10.400 hectáreas a 22.000, reconocía que parte de la producción de coca de Chapare es desviada al narcotráfico. En ese momento, el líder cocalero y presidente recomendaba a los cocaleros “ analizar y debatir el hecho de forma responsable” y advertía: “Si a futuro, una vez aprobada la nueva Ley General de la Coca, estos compañeros se exceden, no habrá pretexto. Para evitar la coca excedentaria y el desvío al narcotráfico, aquellos que sigan ampliando sus cultivos tendría que castigárseles con cero coca”.

La ampliación se aprobó en marzo de 2017 y nunca, jamás, se cumplió la meta de las 22.000 ha. El histórico dice que, desde el año 2017, los números son los que siguen: 2017, 24.500; 2018, 23.100; 2019, 25.500; 2020, 29.400. Los datos son de Unodc Bolivia. Informe Monitoreo, Coca, 2020.

Ese trabajo muestra que, pese a cualquier cosa, entre la Ley (906) del año 2017 y la del año 1998 (Ley 1008) el año que mejor se lo hizo, el incremento de cocales fue de 10.700 hectáreas, aunque se diga que el 2018 estuvieron cerca de lograr el cometido, excediéndose con “solo” 1.100 hectáreas. (Datos de antes y después del 2017: 2006, 30.900 hectáreas; el 2011, fueron 27.200 y el 2020, 29.400).

El informe de Unodc, a mi parecer, carece de alguna información extra que podría dejar las cosas más claras: a) cuánta coca del trópico va al mercado legal de Chapare (en años anteriores el tema estaba consignado) b) cuál es el rendimiento de coca por hectárea convertida en cocaína. En otras palabras, con cuántos kilos de coca y precursores (litros y kg) se hace un kilo de cocaína. Este último tema lo venimos pidiendo hace años, no tenemos respuesta.

Cuando apareció el documento de la Unodc, el Gobierno la “fustigó” en defensa de las 22.000 ha de coca; en plena presentación del informe, el jovencito que hace de ministro de Gobierno, dijo: “Espero que las declaraciones del señor Rostan, cuando dice que debe revisarse la Ley 906, la Ley de la Hoja de Coca, que tiene datos inflados (…) sea un caso aislado porque no podemos permitir como Gobierno democráticamente electo, como un gobierno soberano que le interesa el bienestar del pueblo boliviano y de la comunidad internacional, (que el país) reciba ningún tipo de injerencia, y mucho menos (después) de cómo lucha contra el narcotráfico con estos resultados tan exitosos.

Es que el señor Thierry Rostan, representante de Unodc, el 2020 (Gobierno Áñez) había planteado la necesidad de sincerar el estudio del consumo de coca y revisar la Ley 906, habida cuenta que ellos consideraban que se habían “inflado” los datos de consumo para poder llegar a las 22.000 ha, llegando a 14.300 en La Paz y 7.700 en Cochabamba.

Los datos de Unodc fueron usados, además de trabajos propios de su propio Gobierno (satélites y otros elementos técnicos), por el presidente norteamericano, Joe Biden, para “descertificar (no le otorgó certificado de cumplimiento) cuando remitió al Congreso de su país el Memorando sobre los principales países productores de drogas ilícitas o de tránsito de drogas importantes para el año fiscal 2022. No fue un asunto “contra Bolivia” sino sobre los países que no han cumplido en una tarea en la que debiera estar comprometido el mundo entero.

Del Castillo habla de soberanía, de injerencia y otras sandeces más, y desde el poder político oficialista se habla de que EEUU “no tiene moral” para llamar la atención de nadie porque son los primeros consumidores de droga y cosas como esas, como si de verdad importara el argumento, cuando lo claro es que Bolivia incrementó sus cultivos en 11.600 ha para evitar la coca excedentaria y, como aseguró Biden, “desde 2017, cuando se puso en vigencia la Ley General de la Coca, Bolivia no ha cumplido con el límite legal de las 22.000 ha que establece esa norma”; lo demás son estupideces y chauvinismo narco, ni más ni menos. Biden dijo: Bolivia falló “de manera demostrable” en sus compromisos internacionales y puso al país en la lista de las 20 naciones que producen y sirven de tránsito de las drogas”, y nadie puede decir que no sea cierto

Seamos francos, si se va a hablar de soberanía: al Gobierno boliviano la coca y el narcotráfico le vienen bien porque tiene una fuerza social y política que genera poder político y territorial y, además, abarata la economía de la calle; entre $us 5 y 7.000 millones giran en el mercado informal y eso “alivia la falta de trabajo y de oportunidades de la gente”. Esa a lo mejor es la “dignidad” de la que habla más de uno de los parlamentarios del partido; en los hechos, es la muestra de que somos parte de una pandilla de 20 países que se encargan de atiborrar de drogas de todo tipo a los ciudadanos del mundo. De eso se trata.

Por si no lo tenés claro, hace muchos años, un ex secretario general de la ONU en la Convención Única sobre Estupefacientes (CCUE) explicó que existen alrededor de 200 especies pertenecientes al género erythroxylun, que es uno de los tres géneros que conforman la familia erythroxylacea. La coca cultivada en Bolivia pertenece al género erythroxylum. La coca (Erythroxilum coca) es un arbusto de origen amazónico, cuyo hábitat son los valles calientes y húmedos entre 1.000 y 2.000 metros de altura, con ramas rectas y parecidas a las del té. En la hoja de la coca se encuentran alrededor de 14 alcaloides, siendo el de mayor porcentaje el de la cocaína (Methylbenzoylecgonina con fórmula estructural: C17H24N04). La excepción del Artículo 27 de la CCUE establece en su Artículo 1. Definiciones: f) Por “hoja de coca” se entiende la hoja del arbusto de coca, salvo las hojas de las que se haya extraído toda la ecgonina, la cocaína o cualesquiera otros alcaloides de ecgonina10.

¡Listo! Ya lo sabés.

Carlos Valverde Bravo es Periodista


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