La fecha está marcada. El 17 de agosto de este año, más de 7 millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente. Así lo ha estipulado el Tribunal Supremo Electoral, ente rector de los procesos eleccionarios en Bolivia. Para cumplir con la meta trazada, los vocales del TSE cuentan con un calendario de actividades enfocadas en tener unas elecciones transparentes. Además, han propuesta unas leyes (cuatro) para garantizar un proceso limpio. Ambas acciones, el calendario y las leyes, forman parte del blindaje solicitado por los vocales. ¿Qué puede salir mal?
Desde el Órgano Electoral tomaron las previsiones necesarias para dotar a un proceso democrático por excelencia, la normalidad necesaria. El 17 de febrero se llevó a delante, a instancias del TSE, el tercer encuentro multipartidario. Es esta oportunidad, el foco estaba puesto en la democracia y se suscribieron 15 compromisos para desarrollar unas elecciones presidenciales “libres de injerencias” decía en ese momento el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.
Pero como en otras tantas facetas de la vida, después de las firmas llegan los ‘aprietes’ y han ido surgiendo diversos inconvenientes para frenar, limitar o suspender el cumplimiento de los acuerdos firmados. Al parecer, para algunos parlamentarios no quedo lo suficientemente claro el pedido de blindar las elecciones.
El último de los ataques amenazantes contra el Órgano Electoral se vivió el pasado martes en La Paz. Al más puro estilo ‘barra brava’ la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, organización afín a Evo Morales, retuvieron u amedrentaron a los vocales del Tribunal Electoral Departamental de La Paz motivados por su descontento con la nueva cartografía. David Mamani, la cabeza visible de los ponchos rojos, demuestra su impunidad amenazando en reiteradas oportunidades al locuaz vocal Tahuichi Tahuichi con sacarlo “a patadas” del TSE.
La lista de advertencias desmesuradas sobre el proceso eleccionario continua. El Frente Para la Victoria, el mismo que coqueteó con Evo Morales para que sea su candidato presidencial, asegura contar ya con los amparos y recursos judiciales necesarios para actuar contra el TSE si no son habilitados para las elecciones. A Israel Rodríguez no le tiembla el pulso para paralizar las elecciones generales programada.
Más bravucones se han mostrado las facciones evistas dispuestas a marchar hasta las instalaciones del TSE y presionar allí a los vocales para que inscriban y habiliten a su jefazo como candidato a la presidencia, y eso que, hasta ahora, no cuenta con partido o agrupación que lo avale.
Las trabas para una elección confiable también se generan en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y eso que las autoridades rectoras de ambas cámaras participaron del encuentro multipartidario y se comprometieron a agilizar la aprobación de las leyes solicitadas desde el TSE.
Las pugnas políticas, fundamentalmente al interior del MAS, bloquean los acuerdos necesarios para allanar el camino electoral. Los cálculos políticos están por delante de los principios democráticos.
Sin un resguardo legal que valide el principio de preclusión y con la amenaza permanente de procesos penales sobre los vocales electorales – por no estar incluidos en la ley 044 que reglamenta el juicio de responsabilidades a altas autoridades – nada impide que las ansias poco democráticas de algunos candidatos brinquen al proceso electoral y dejen a más de 7 millones de bolivianos sin el derecho a elegir a su próximo presidente.