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OPINIÓN

¡Es la vida de la gente, estúpidos!

9/6/2020 03:00

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Por: Vladimir Peña - Dirigente Político


El tratamiento de un proyecto de ley nacional de ‘recuperación del 12% del IDH’ ha reabierto un debate intenso durante la última década. El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) fue creado en la ley 3058 de Hidrocarburos promulgada el año 2005, del cual son beneficiarios gobiernos departamentales, municipales, universidades, pueblos indígenas, entre otros. El referendo por el gas, que precedió a la citada ley, y la misma ley, establecen claramente que los recursos del IDH deben ser invertidos en salud y educación prioritariamente.

Transcurría noviembre de 2015 cuando Morales y su gobierno se aprestaban a amputar por segunda vez el maltrecho IDH de gobiernos subnacionales. Bajo el argumento de incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos, mediante ley se hicieron del 12% del IDH. Vanos fueron los esfuerzos por intentar generar un debate nacional sobre la pertinencia de financiar la actividad hidrocarburífica con recursos de salud y educación.

Amparado en su arrolladora mayoría parlamentaria, el MAS con cierta astucia política predicaba que se trataba de un fondo de inversión, que quienes financiasen los incentivos iban a recibir hasta 5 veces más lo que habían contribuido. Al principio algunos gobernadores, parlamentarios de oposición, alcaldes y rectores defendieron la finalidad del IDH, pero más tarde sucumbieron ante los argumentos, presiones o acuerdos, como los de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) o el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). Otros se escabulleron en la apatía, era mejor que llevarse mal con el régimen.

Así, casi en solitario la Gobernación de Santa Cruz, inicialmente planteó que la discusión se traslade al Consejo Nacional de Autonomías, escenario propicio para generar consensos, más tarde presentó alternativas de financiación para no afectar los recursos de salud y educación, y finalmente, aprobada la ley, la recurrió de inconstitucionalidad. No hubo tribunal que cuide los derechos de los ciudadanos, ni restituya el valor de un referendo, menos preserve los recursos de los gobiernos autonómicos obligados a pagar competencias privativas del nivel central del Estado. Para entonces la Constitución la habían convertido en un trozo de papel.

Han pasado cuatro años y medio, el Banco Central de Bolivia (BCB) custodio de los fondos confiscados ha certificado que se han acumulado 516 millones de dólares y que hasta el momento no se ha hecho ningún desembolso para los famosos incentivos. Los que creyeron el discurso de la multiplicación de los recursos, como todos, solo han visto decrecer los ingresos del IDH. Este argumento debiera bastar para corregir un error histórico, examinar el fracaso y devolver esos recursos. Pero no, es difícil salir del molde.

El proyecto normativo en cuestión, fue ingresado a trámite parlamentario hace dos meses, y sí es para ayudar en la emergencia sanitaria que azota al país. Entró con un nombre auspicioso, recuperación del IDH, propio de quienes sustituyen las palabras para disimular los matices. Lo cierto, más allá del desdén, el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados no recupera ni devuelve nada, sólo suspende por seis meses la confiscación. Es decir, a cambio de reafirmar el comiso, exoneran a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) de pagar las próximas seis cuotas de un fondo infructuoso.

En lo que acierta la norma que vuelve al Senado, es en las necesidades a cubrir, porque ordena invertir en equipamiento de hospitales, pruebas rápidas, alimentos para las familias que tienen carencias y fortalecimiento de la producción local. Sin embargo, o la falta de visión es alarmante o los parlamentarios ignoran que estamos ante un virus que se propaga velozmente, que hemos entrado en la etapa de riesgo máximo, que la población lleva más de dos meses en cuarentena, que los hospitales están desbordados, como para decirles ahora, que el hambre o los medicamentos esperen, que con las cuentas de octubre o noviembre vamos a resolver los problemas actuales, más aún cuando los precios del petróleo están por los suelos. Genialidad total. Las crisis revelan las fallas estructurales de un sistema, pero también el carácter de los políticos y de los gobiernos.

La pandemia ha abierto un periodo excepcional como para perdernos en peleas partidarias del pasado, el coronavirus ha hecho ceder a quienes nunca quieren cambiar sus posiciones. El virus no distingue ideologías, clases ni territorios, si no miremos Santa Cruz, Beni y Cochabamba. Y sin embargo, ni el sufrimiento de la gente, ni el agobio de las autoridades locales pareciera moverles a los padres de la patria, por la incomprensión e indolencia con la que actúan.

No podemos quedar callados. Con 516 millones de dólares se pudieron construir y equipar 10.000 camas en hospitales reales, o comprar 11.500 respiradores. Aún estamos a tiempo, para revertir la situación e inyectar esos recursos a un combate efectivo contra el virus. Estamos ante un desafío diferente y mucho mayor que cualquiera de nuestra generación, para el país y la humanidad. Es hora de estar a la altura de un problema global, donde cada uno debe hacer su parte.

Es necesario tener un enfoque más visionario y conjugar la capacidad de análisis y escucha. Ya no cabe más ortodoxia ni economicismos, esta vez Clinton (Carville) nos dijera, es la vida de la gente, estúpidos.