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8 de abril de 2017, 4:00 AM
8 de abril de 2017, 4:00 AM

El proceso de aprobación de la Carta Magna en 2009 costó muelas. A ocho años de su promulgación, recuerdo como si fuera hoy los dramáticos días que vivió la República y que la llevaron al borde de la guerra civil. El proceso comenzó con la convocatoria de una Asamblea Constituyente, en Sucre.

Su elaboración se inició en el Teatro Gran Mariscal Sucre; luego, por razones de seguridad, fue trasladada al Liceo Militar de La Glorieta. Por el mismo motivo, cambiaron la sede y la Constitución fue aprobada en el edificio de la Lotería Nacional, en Oruro. Después el texto fue sometido a una ‘comisión de estilo’, no prevista en la Constituyente. Como si esto fuera poco, el texto fue modificado en el Congreso, que no tenía potestad para hacerlo, luego de un pacto político con la oposición. Dentro de este pacto el presidente empeñó su palabra de que no sería candidato en 2014, en una ‘maniobra envolvente’. Finalmente, el acuerdo congresal se sometió a referendo, en el que fueron ‘lavadas’ las ilegalidades de su creación.

Cuando uno ve este azaroso trajín populista de teatro, cuartel militar, lotería, conmoción popular, muertos, heridos y maniobra envolvente, podría imaginar que la dificultad de su aprobación haría que los promotores valoren y respeten en sumo grado su creación. Para desgracia de todos, no fue así. Esta Constitución sirvió apenas de pretexto para desarrollar la Constituyente como parte de un libreto totalitario ideado en el Foro de San Pablo. 

Los casos de incumplimiento son muchos, a modo de ejemplo presento tres de ellos: 1) la violación del art. 168 y del pacto de caballeros que viabilizó el referéndum por la continuación con la re-re-elección de Morales; 2) la violación del art. 7 inc. h, derecho al libre tránsito, con los bloqueos recurrentes que se han transformado en un ‘deporte nacional’, perjudicando al pueblo y la imagen del país, y 3) la violación del art. 77, que declara que la educación es una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, pero esto no tiene un correlato en la inversión pública, donde se invierte más en los ministerios represivos que en el de educación. Este incumplimiento hace que no vivamos en un Estado de derecho, sino sometido a los designios del jefazo y su entorno 

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