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¿Estadísticas creíbles?

Alfonso Cortez 28/8/2020 05:00

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Un reporte de la periodista, María Silvia Trigo, para el New York Times, asegura que durante la pandemia las muertes en Bolivia —por diversas causas, incluido el coronavirus—, fueron superiores al pasado: “Desde junio han muerto unas 20.000 personas más que en años anteriores, según un análisis del Times de los datos del Registro Civil de Bolivia, una cifra enorme en un país de solo unos 11 millones de habitantes”, dice la nota. Más allá de las interpretaciones, lecturas, reacciones y comentarios que generaron estos datos, me gustaría centrar mi atención en nuestro deficiente sistema nacional de información estadística.

Las fuentes básicas y oficiales del Estado boliviano sufren de una baja credibilidad de la información producida, rezago en la consolidación de los datos y demora en la publicación de sus resultados. Los organismos públicos que deben generar, acopiar, procesar, analizar y difundir información de interés general no gozan de la confianza de la ciudadanía. Ha existido una permanente injerencia político-partidaria que no ha permitido desarrollar una carrera profesional entre sus funcionarios. Lastimosamente, no se reconoce a las fuentes oficiales por su capacidad técnica y responsabilidad profesional.

La información estadística es un insumo clave para la eficiente y efectiva gestión pública, y también para la privada. La asignación de recursos fiscales destinados a la producción estadística debería ser una inversión y no un gasto. Hay que generar una cultura estadística en el entorno de la administración pública, entre los gremios de los diversos sectores empresariales, y también, entre la población.

Además de la falta de credibilidad institucional, el sistema sufre de una insuficiente coordinación entre quienes generan las cifras y los datos oficiales: gobierno central, gobiernos departamentales y municipios. Los registros administrativos, que deberían ser de fácil acceso para cualquier persona en plataformas digitales, tienen engorrosos procesos de admisión. En muchos casos hay duplicaciones y vacíos de información, y no siempre ésta es oportuna. Hay una inexistencia de periodicidad en la producción estadística. Hay escasa difusión de las metodologías que se usan. La alta rotación del personal provoca que los recursos humanos no estén debidamente calificados. Existe más de un dato para un mismo indicador. La difusión de algunos resultados tiene restricciones de acuerdo a intereses partidarios o situaciones de coyuntura política, antes que el propósito de dar respuestas técnicas. Incluso los censos y encuestas oficiales, que demandan una gran cantidad de dinero del Estado, están siempre sujetos a cuestionamientos y dudas sobre sus alcances y metodologías.

La planificación de políticas públicas parte de la “buena fe” de las instituciones que generan estadísticas y supone una independencia política y capacidad técnica que —en la actualidad—, no se tienen. El matemático Gauss (no García), en broma, decía: “Tengo mis resultados hace tiempo, pero no sé cómo llegar a ellos”. Las alteraciones, acomodos y arreglos de las cifras ponen en riesgo la toma de decisiones. Los usuarios consideramos que los datos oficiales están bajo sospecha y no son reales ni fiables, y eso, es muy grave. Una de las tantas tareas del nuevo gobierno, a elegirse en octubre próximo, será reconstruir el sistema nacional de información estadística, que el régimen de Morales destruyó.