Tras más de dos semanas de bloqueos y desabastecimiento, Bolivia enfrenta una situación que supera el marco de una protesta convencional. La escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno en La Paz demuestra que el país ingresó en una peligrosa etapa de deterioro institucional y humanitario.
Cuando una movilización impide el ingreso de alimentos, oxígeno y medicinas, deja de ser únicamente una medida de presión política o sindical. Ningún derecho puede ejercerse anulando los derechos fundamentales de millones de ciudadanos.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira tiene la obligación constitucional de preservar el orden público, garantizar la libre circulación y proteger la vida de la población. El Estado de Excepción, aplicado de manera temporal y bajo control legal, no debe entenderse como persecución política, sino como una medida extrema para evitar el colapso del abastecimiento nacional y restablecer corredores humanitarios seguros.
La crisis actual también expone un problema de fondo: Bolivia lleva demasiados años rechazando cualquier discusión seria sobre reformas estructurales.
Las medidas económicas impulsadas por el actual gobierno pueden debatirse, corregirse o perfeccionarse. Pero impedir violentamente cualquier intento de reorganización económica solo profundiza la destrucción institucional que hoy se refleja en la escasez de dólares, combustibles y reservas.
Durante años, el país vivió de ingresos extraordinarios sin construir instituciones sólidas ni una economía diversificada. Se debilitó la seguridad jurídica, se destruyó capacidad técnica estatal y se politizaron áreas estratégicas fundamentales para el desarrollo nacional.
Muchos ciudadanos sienten además que el denominado “Estado Plurinacional” terminó profundizando divisiones internas en lugar de construir cohesión nacional. Bolivia es diversa por naturaleza y esa diversidad debe ser motivo de convivencia y respeto mutuo, no de confrontación permanente ni de supremacías políticas, regionales o identitarias.
Ningún sector puede atribuirse derechos superiores sobre el conjunto del país ni utilizar identidades culturales o étnicas para justificar bloqueos indefinidos, violencia o paralización nacional.
Bolivia necesita serenidad, autoridad legítima y reconstrucción institucional. Necesita diálogo, pero también límites claros frente a quienes pretenden imponer la fuerza sobre toda la sociedad.
Porque cuando el bloqueo destruye hospitales, alimentos, trabajo y abastecimiento, ya no estamos ante una simple protesta social. Estamos ante una amenaza directa al funcionamiento mismo del país.
(*) Martha Jenny Hollweg es periodista