Escucha esta nota aquí

La justicia cruceña ordenó detención domiciliaria y otras medidas contra el exgobernador Rubén Costas, el exsecretario de la Gobernación Roly Aguilera y el concejal Mamén Saavedra por la denuncia de supuesta publicidad fantasma presentada por la Gobernación del departamento, conducida por Luis Fernando Camacho.

A los tres se los investiga por un supuesto desvío de fondos de Bs 700.000 de la anterior gestión de la Gobernación para financiar la campaña del partido Demócratas en las elecciones subnacionales del año pasado. La defensa dice que la Fiscalía descartó la acusación por el uso de Bs 500.000 en publicidad en vallas porque se demostró que fue pagada por personas allegadas de manera personal al entonces candidato Roly Aguilera.

De los restantes Bs 200.000 el abogado Luis Fernando Roca dijo que hay información documental que prueba que esos fondos se pagaron como publicidad institucional en redes sociales por campañas contra el Covid-19.
La defensa criticó que el juez no valoró las pruebas presentadas y calificó como excesivas y abusivas las medidas contra sus defendidos.
Además de guardar detención domiciliaria, Costas, Aguilera y Saavedra deben presentarse cada viernes ante la Fiscalía a firmar un acta, tendrán arraigo, estarán prohibidos de comunicarse con exfuncionarios de la Gobernación, y tendrán que pagar fianzas de Bs 10.000 cada uno.

En el caso de Saavedra, estará impedido de asistir a sus funciones como concejal municipal, lo cual es considerado por su abogado defensor, como un atropello al mandato que recibió en las urnas de ejercer un cargo público.
Las drásticas medidas contra los líderes de la agrupación Demócratas vienen a ser el resultado de una peligrosa combinación de una justicia que sabemos que no es independiente y está al servicio de los intereses políticos de los gobernantes, con una guerra de baja intensidad entre agrupaciones políticas cruceñas.
Resulta paradójico que las pugnas locales de poder terminen beneficiando al verdugo principal de la región que seguramente observa complacido desde las alturas, y sin necesidad de ensuciarse las manos, cómo en las llanuras cruceñas se sacan algo más que la mugre y la mostaza las principales representaciones en las que la región ha puesto su confianza, primero desde hace más de una década, y en el otro caso desde el año pasado.

Los casos de corrupción deben investigarse, sea quien fuere el responsable; pero da la sensación de que la manera como se juzga a Costas, Aguilera y Saavedra está lejos de seguir un curso de normalidad, transparencia y justicia.
Solo hay que pensar en los excesos cometidos contra personas que no pretenden darse a la fuga ni podrían entorpecer investigaciones, porque ya no están en el poder.

¿Detención domiciliaria contra tres personas, una de ellas el ex gobernador de Santa Cruz, por un caso de menos de $us 30.000 dólares que según la defensa no tiene sustento porque habría pruebas de que ese dinero se utilizó en publicidad institucional con motivo del coronavirus?
Además, audiencias maratónicas de nada menos que ocho horas de duración dan la pauta de que de lo que se trata es de hacerle la vida imposible a la gente, incluso desde antes de dictar sentencias arbitrarias y fuera de toda racionalidad y proporción.

Mal está Santa Cruz con esas señales poco menos que fratricidas y muy preocupantes, que probablemente esconden otras estrategias maquiavélicas e insospechadas, de esas de las que no tenemos ni la más remota idea. En el ambiente se respira esa sensación de incertidumbre que transmiten los negros nubarrones con viento que anuncian un descarnado sur de julio en pleno abril.

Comentarios