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En la víspera del aniversario de la revolución libertadora de La Paz, la Fiscalía General del Estado le regaló a esa región un execrable paquete de impunidad por la quema de 66 buses PumaKatari, esos emblemáticos medios de transporte de la Alcaldía incendiados el 10 de noviembre de 2019 por grupos de choque afines al Movimiento al Socialismo (MAS), el mismo día que su jefe Evo Morales renunciaba a la Presidencia.

El presente del fiscal general Juan Lanchipa a La Paz fue la liberación de las últimas tres personas que permanecían detenidas por la quema de esos autobuses de propiedad pública, con lo cual ya no existe ninguna persona procesada por ese acto criminal que grupos masistas cometieron en el patio de servicio de los buses municipales, en la zona de Kupillani, en el sur paceño.

En diciembre pasado, cuando Luis Arce ya había asumido la Presidencia del Estado, el Ministerio Público también rechazó la denuncia contra otras 22 personas, que estaban acusadas por la quema de los 66 buses, entre ellos el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Jesús Vera, afín al MAS.

Una vez más, y sin sonrojarse, la Fiscalía demuestra que es un brazo operativo al servicio del Gobierno de Luis Arce y que en Bolivia no hay justicia. Si el Ministerio Público, que es la institución que debe representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales y velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, no ve delito en la quema de 66 buses de propiedad de los paceños, es que estamos ante una autoridad que toma partido por el MAS y no por la sociedad.

En diciembre de 2020, la Fiscalía decidió no abrir una investigación de esa quema, a través de una resolución de rechazo a la denuncia presentada por el Gobierno Municipal de entonces. Si la Fiscalía rechazó esa denuncia, es que entonces tampoco ve que haya delito en la destrucción de esos bienes públicos. O es que sale abiertamente en defensa de los responsables, por ser afines al MAS.

Los seguidores del MAS que quemaron los Pumakatari son los mismos que esa misma noche prendieron fuego a las viviendas de la periodista Casimira Lema y del exrector de la UMSA, Waldo Albarracín, además de estaciones policiales de esa zona de La Paz.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, reaccionó indignado ante este nuevo sobreseimiento de la Fiscalía y recordó que los PumaKatari no son del Gobierno Municipal, sino de todos los paceños, y aunque anunció que entretanto no se resuelvan las investigaciones se va a apelar, es poco probable que esas gestiones prosperen, porque quienes decidirán la aceptación o rechazo de esas apelaciones son otros operadores de la Justicia también controlados por el partido gobernante, igual que la Fiscalía.

Los delitos por los que se acusaba a los tres liberados por la Fiscalía son organización criminal, destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, incendio, daño calificado y terrorismo, delitos que todos observaron y de los cuales existe la evidencia carbonizada; todos lo ven como un delito y se conoce a quienes encendieron las llamas, excepto el Ministerio Público que prefiere mirar a cualquier otro lado.

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