Extracción directa de litio en Bolivia: Una convocatoria con incertidumbres
Por: Diego von Vacano, PhD
El 30 de abril de 2021, el panorama de la industria del litio en Bolivia parecía marcar un hito con la convocatoria internacional centrada en la Extracción Directa de Litio (EDL). Esta convocatoria tuvo como objetivo "establecer criterios para evaluar a empresas que dispongan de experiencia y tecnología, aptas para adaptarse a las salmueras de los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes. El enfoque estaba en implementar nuevas tecnologías relacionadas con la EDL y en presentar alternativas para procesar otros elementos de valor comercial presentes en dichas salmueras". Esta iniciativa, liderada por el presidente del Estado boliviano, Luis Arce, prometió ser un punto de inflexión para la explotación de uno de los recursos más preciados del país, mostrando las supuestas ventajas frente a la tecnología tradicional.
No obstante, la convocatoria ha levantado ciertas preocupaciones. Uno de los puntos más críticos es que no se establecen plazos definidos ni fechas concretas para la selección o presentación de los resultados de la evaluación final, lo que pone en tela de juicio la transparencia y seriedad del proceso.
Es esencial subrayar que esta convocatoria internacional se centra únicamente en las pruebas piloto de Extracción Directa de Litio, que representa la primera fase de separación del litio de los otros componentes en las salmueras. No se extiende hasta la producción de carbonato de litio, lo que está fuera del ámbito de la convocatoria. Además, es crucial destacar que la EDL aún no es una tecnología comprobada a nivel industrial y sigue en etapa de pruebas. Además, hay diferentes métodos de EDL.
Tras la emisión de la convocatoria, recibieron 20 propuestas para la extracción directa de litio. De ellas, tan solo 9 empresas pasaron el filtro de calificación entre las que destacaban ENERGYX, LILAC SOLUTIONS, CATL BRUNP &CMOC, CITIC GUOAN/CRIG, FUSION ENERTECH, TBEA GROUP, URANIUM ONE GROUP, TECPETROL y CHALIECO. Sin embargo, CHALIECO fue inexplicablemente descalificada, lo que generó disputas legales. Dicha empresa presento denuncias con cartas notariadas de impugnación de descalificación, aun cuando sostuvieron una reunión entre YLB y la citada empresa para analizar el memorándum de entendimiento, hicieron una primera vulneración de derechos de dicha empresa.
Lamentablemente, de las 8 empresas internacionales que realizaron pruebas piloto de extracción, ninguna contó con la supervisión y participación técnica de YLB, lo que arroja sombras de duda sobre la validez de los resultados. A pesar de que era esencial su participación para garantizar transparencia, por estos malos actos hoy nos encontramos ante la incertidumbre sobre los resultados presentados por las empresas si son o no genuinos. Aun así, la única empresa que instalo’ una planta piloto en Uyuni, por cinco meses, fue la norteamericana EnergyX. Obtuvo resultados de más de 94% de recuperación de litio.
El 30 de diciembre de 2022, YLB suscribe un contrato con YPFB REFINACION, CTTO. YLB-GJU-N° 408/2002, realizada por contratación directa, es decir sin convocatoria, con el objeto de prestación de la “Consultoría para asesoramiento técnico, jurídico y financiero para el programa extracción directa de litio para los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes”, con YPFB Refinación, por un monto de Bs. 1.999.314,63 (un millón novecientos noventa y nueve mil trescientos catorce con 63/100 bolivianos), y un plazo de ejecución de 90 días calendario (plazo referencial). Para un proyecto de envergadura internacional como este, resulta evidente que YLB cometió un grave error al seleccionar una empresa local carente de experiencia en el ámbito del litio.
Lo que agrava aún más la situación es que esta empresa carece por completo de conocimiento acerca de las nuevas tecnologías de extracción de litio. Paradójicamente, esta empresa se encargó de brindar asesoramiento multidisciplinario en áreas como criterios financieros, legales y técnicos, además de gestionar contratos bajo la modalidad de inversión conjunta estratégica entre YLB y los inversores para establecer plantas industriales de carbonato de litio mediante EDL en los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes.
Esta situación plantea una serie de interrogantes cruciales. ¿Cómo fue seleccionada esta empresa? ¿Quiénes estuvieron detrás de la elaboración y dirección de la solicitud de contratación, los términos de referencia, la evaluación y la supervisión? Sorprendentemente según el contrato menciona que los TDR´s fueron elaborados por Salvador Beltrán y Karla Calderón, la actual presidenta de YLB, que despierta todavía mayores sospechas sobre su designación como MAE. ¿Realmente comprenden las implicaciones de lo que están firmando? ¿Acaso fueron arrastrados a participar en el juego del ministro Franklin Molina y su grupo? El ministro Franklin Molina parece jugar un papel ambiguo en todo esto, despertando desconfianza y cuestionamientos sobre su capacidad y sus verdaderas intenciones. ¿Por qué no se contrató a empresas con experiencia real y conocimiento, como Benchmark Mineral Intelligence, Roskill Consulting Group, SRK Consulting u otras?
Dos años después de la convocatoria y asesorados por YPFB REFINACION, se firmaron convenios con tres empresas: CBC, CITIC (ambas chinas) y Uranium One (rusa). Sin embargo, se desconoce el verdadero alcance y los potenciales beneficios que estos acuerdos puedan aportar al país. Además, los criterios y parámetros de evaluación de las propuestas no se han hecho públicos. Estos deberían haber sido aprobados al menos por el directorio de YLB o por instancias superiores, como el COSSEP o la Asamblea Plurinacional. Ante la aparente ausencia de tales documentos, surgen dudas legítimas sobre la competencia y experiencia de la comisión evaluadora, más aún cuando se sabe que la mayoría de sus miembros provienen de YPFB, una empresa ajena al sector del litio y a los recursos evaporíticos.
Es notable mencionar que se ha prescindido de empresas con probada experiencia en el área, como FUSION ENERTECH y ENERGYX. La selección de empresas como Uranium One, que como su nombre lo indica, tiene vasta experiencia en uranio y no en litio, esto muestra la inexperiencia de YPFB en EDL, realmente desconcertante. ¿En qué criterios se habrán basado? El proceso no ha sido transparente, y las bases sobre las que se erigen estos acuerdos parecen tambalear, y por si fuera poco vencieron los plazos de uno de los convenios. Cuál es la responsabilidad de las empresas por los retrasos generados? tendrán alguna sanción?
Tras un extenso retraso de 2,5 años, y sin haber finalizado la convocatoria internacional ni suscrito un solo contrato, el ministro Franklin Molina sorprendentemente anuncia una segunda fase de convocatoria internacional. Esta nueva propuesta se enfocará en la producción de carbonato de litio en pequeñas lagunas saladas del occidente boliviano, con capacidades de producción de 1.000 y 2.000 toneladas. Sin embargo, para empresas internacionales, tales capacidades son meramente experimentales, no un proyecto serio. Tal decisión evidencia no solo un desconocimiento por parte de Molina, sino también cuestiona su aptitud para el cargo, alimentando las críticas que sugieren que su posición se debe más a su relación con el presidente Luis Arce que a su capacidad. Su comportamiento y declaraciones reflejan un evidente nerviosismo y decisiones impulsivas e ilógicas. Además, como iniciara una nueva convocatoria si no ha sido capaz de concluir la primera convocatoria, siendo que todavía es incierto si lograran o no suscribir algún contrato con estas 3 empresas.
La administración del proyecto parece haber enfrentado serias dificultades, y se plantea la posibilidad de que no se haya contado con toda la documentación necesaria para la suscripción de los convenios. Esta carencia de documentación legal podría ser uno de los factores que llevaron a la separación de Carlos Ramos.
En el contexto de la promoción de su “Modelo Soberano de Industrialización”, es crucial resaltar el riesgo de pérdida de soberanía que implica la dependencia tecnológica de empresas extranjeras. Este escenario conlleva una vulnerabilidad directa, ya que el conocimiento técnico y las patentes de estas empresas foráneas pasan a ser determinantes para nuestro país.
Otra cuestión sumamente delicada que debe abordarse es cómo se pretende sortear la Ley 928, la cual prohíbe la participación de empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, en la fase extractiva, es decir en la producción de carbonato de litio, hidróxido de litio y cloruro de litio. Sorprendentemente, no se ha avanzado en la elaboración de una nueva legislación sobre el litio, a pesar de los llamados y promociones realizadas incluso por las regiones que albergan los salares de Oruro y Potosí.
Es imperativo que la población esté plenamente informada sobre los detalles de este modelo. Por ejemplo, es esencial conocer cuántas ganancias obtendrán las empresas extranjeras involucradas y durante cuántos años se beneficiarán de esta explotación. También debemos entender cuánta agua se consumirá en el proceso y si esta explotación realmente será beneficiosa para Bolivia en términos de recursos y desarrollo sostenible. Además, es crucial contar con estudios sólidos sobre las reservas disponibles y la cantidad de agua requerida, así como evaluar el impacto ambiental que esta actividad pueda tener en nuestro entorno. Estos aspectos son fundamentales para tomar decisiones informadas y asegurar que cualquier asociación con empresas extranjeras beneficie verdaderamente al país y no comprometa su soberanía.
Es alarmante constatar que, en el afán de promocionar y priorizar la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), se haya dejado en segundo plano y hasta desprestigiado la tecnología tradicional que utiliza piscinas. Como resultado de esta negligencia en la impermeabilización de las piscinas, se ha experimentado una reducción significativa en la capacidad de producción de materia prima, esencial para las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio.
Lo más grave de esta situación es que este retraso ha perdurado por más de dos años. Cada mes que transcurre, el país deja de producir alrededor de 1.250 toneladas de carbonato de litio. Si se toma en cuenta un precio de venta de 25 mil dólares por tonelada, esto representa pérdidas mensuales que ascienden a 31 millones de dólares.
Esta pérdida económica no es insignificante. Se hace imprescindible preguntar: ¿Quiénes asumirán la responsabilidad por estas pérdidas? ¿Están los responsables conscientes de la magnitud del daño que sus decisiones han causado? ¿Como revertirán el curso de esta situación, sino también para garantizar que se establezcan mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas?
