Con el cierre del ciclo de autoridades departamentales y municipales (2021–2026), el país entra en un momento inevitable de evaluación. Más allá de los discursos y balances oficiales, la gestión de gobernadores y alcaldes deja, con escasas excepciones, una sensación extendida de oportunidad desperdiciada. No se trata solo de errores puntuales, sino de una forma de administrar marcada por la improvisación, la falta de rumbo y, en algunos casos, por serias denuncias que erosionaron la confianza ciudadana.
Casos que involucraron a gobernadores y alcaldes –por citar algunos, el del Mercado Mutualista en Santa Cruz o las denuncias graves registradas en el municipio y la gobernación de Potosí– no solo ocuparon titulares: dejaron al descubierto debilidades institucionales profundas y también éticas. Cuando la gestión pública se ve envuelta en cuestionamientos de esta magnitud, el impacto trasciende lo político y golpea directamente la percepción de legitimidad del Estado en sus niveles más cercanos al ciudadano.
Sin embargo, más allá de los escándalos, el problema de fondo fue la ausencia de una visión clara de desarrollo. Muchas administraciones optaron por la inercia: continuar obras heredadas, ejecutar proyectos sin una planificación integral o priorizar intervenciones de impacto inmediato, pero con escaso valor social y económico y mínima sostenibilidad. En lugar de fortalecer lo que ya funcionaba, se descuidó el mantenimiento básico; y en vez de innovar con criterio, se improvisó.
El resultado se percibe con claridad en la vida cotidiana. Calles deterioradas, llenas de baches que no reciben mantenimiento oportuno; sistemas de drenaje insuficientes que colapsan con las lluvias y paralizan el tráfico, afectando seriamente la movilidad urbana. A esto se suman intervenciones en espacios públicos sin planificación ni consenso, donde el “mejoramiento” suele reducirse a acciones superficiales, casi cosméticas: losetas que se cambian para luego ser retiradas, plazas remodeladas sin responder a necesidades reales y ciclovías implementadas sin estudios técnicos, que terminan siendo subutilizadas o cuestionadas.
Este tipo de acciones no solo refleja una desconexión con las prioridades ciudadanas, sino también una forma de gestión que privilegia lo visible sobre lo útil. Se invierte en lo que se puede mostrar, pero no necesariamente en lo que transforma. Y en ese proceso, se pierde algo más valioso que el presupuesto: la confianza.
A las puertas de una nueva gestión, la reflexión es inevitable. Gobernar no debería ser una sucesión de parches ni una carrera por inaugurar obras sin impacto. Requiere planificación, coordinación entre niveles de gobierno y, sobre todo, una lectura honesta de las necesidades de la población. La gestión pública no puede seguir dependiendo del ensayo y error.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. La ciudadanía también tiene un rol clave. Exigir, fiscalizar y participar son condiciones necesarias para evitar que los mismos errores se repitan. Porque al final, los resultados –buenos o malos– se viven en la cotidianidad de las personas.
El ciclo que termina deja más preguntas que respuestas, pero también una oportunidad: aprender. Si las nuevas autoridades logran entender que gobernar es gestionar con criterio y no solo administrar recursos, quizás el próximo balance no esté marcado por la frustración, sino por avances reales.
(*) Tomy W. Pérez Alcoreza es economista